Militares estarían cobrando $25.000 por ingresar a playa pública de Santa Marta

Al parecer, uniformados del Ejército Nacional estarían impidiendo el paso al sector en el que está ubicado el fuerte de San Fernando

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La denuncia la dio a
La denuncia la dio a conocer un concejal de Santa Marta - crédito Shutterstock/X

Uniformados del Ejército Nacional estarían impidiendo el paso a una de las playas públicas de Santa Marta. Así lo dio a conocer el concejal de la capital del Magdalena, Miguel Martínez, el cual señaló además que algunos miembros de la fuerza pública estarían exigiendo el cobro de una suma de dinero para ingresar a dicho lugar.

Explicó el cabildante a través de sus redes sociales que los uniformados que estarían llevando a cabo este tipo de prácticas están adscritos al Batallón Córdoba de Santa Marta, desde donde habrían prohibido el ingreso al fuerte de San Fernando, uno de los sitios más turísticos de la capital del Magdalena.

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Martínez comentó que él estaba interesado en ir a dicho lugar y, cuando se dirigía hacia allí, uniformados del Ejército Nacional lo interceptaron, impidiéndole su ingreso. Así las cosas, el concejal decidió dirigirse hacia el fuerte a través de la vía principal del Batallón Córdoba, pero miembros de la fuerza pública le indicaron que la única forma para entrar a la zona era pagando $25.000.

Militares estarían impidiendo el paso a una playa pública de Santa Marta - crédito @ElMonoMartinez_/X

El concejal Martínez aseguró que la situación representaba una situación ilegal y enfatizó en que el uso de las playas es público. De igual forma, el cabildante propuso que el comandante del batallón explique ante los organismos encargados el por qué estaría cobrando por el ingreso hacia el fuerte de San Fernando.

“Nosotros estábamos interesados en ir al fuerte de San Fernando porque es uno de los principales destinos turísticos de la ciudad y nos encontramos con la sorpresa de que el batallón de Santa Marta José María Córdoba tiene prohibido el ingreso a la playa. Por ello, decidimos ingresar por la vía principal del batallón, pero una persona del ejército nos manifestó que la única forma posible de acceder al fuerte San Fernando o a las playas que están en el batallón era pagando un pasadía por 25.000 pesos, lo cual nos pareció algo totalmente ilegal que el batallón esté cobrando por el uso de las playas”, mencionó el concejal.

Militares estarían cobrando dinero por permitir el paso a un lugar público en Santa Marta - crédito @ElMonoMartinez_/X

La denuncia ha generado indignación entre los samarios, teniendo en cuenta que las playas son un lugar público, según lo establecido en los “artículos 63, 79, 102, el código civil art. 679, decreto ley 2424 de 1984 artículos 2, 5, 66, 69″ de la Constitución Política de Colombia, explicó el concejal.

Concejal Miguel Martínez explicó en
Concejal Miguel Martínez explicó en qué artículos de la Constitución se establece que las playas son públicas - crédito @ElMonoMartinez_/X

Playa de El Salguero, en Santa Marta, está a punto de desaparecer

Una de las playas cercanas a la zona de El Rodadero, en pleno corazón de Santa Marta, está a punto de desaparecer. Se trata de playa Salguero que, por cuenta de la erosión costera, se está quedando sin arena, ni zonas para bañistas.

Y es que, además, la anterior administración de la capital del Magdalena, liderada por Virna Johnson, adjudicó un contrato para salvar la zona turística sin contar con los permisos ambientales necesarios, ni estudios previos sobre el impacto de las obras en el deterioro de la playa.

Playa salguero queda muy cerca
Playa salguero queda muy cerca de El Rodadero, una de las playas más visitadas en Santa Marta - crédito Kayak

Así las cosas, los organismos encargados avalaron la construcción de unos espolones con el único fin de mitigar el impacto de las olas. Fue por ello que las autoridades concretaron un contrato, valorado en 27.000 millones de pesos, con la justificación de enfrentar una “situación de calamidad pública por la erosión costera”.

Las obras que abarcaron dicho vínculo, así como los proyectos de desarrollo urbanístico acelerados y cambios ambientales drásticos marcaron la pérdida de hasta cinco metros de la línea costera por año, según explicaron desde el Invamer. Este acelerado desarrollo ha reemplazado la vegetación natural por infraestructura, dejando gravemente vulnerable a la zona ante la erosión.

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