
Aunque dice que no revelará la estrategia que plantea su defensa para el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe, el senador Iván Cepeda, quien intercede en calidad posible víctima, le hizo una exigencia al exmandatario respecto al futuro del caso.
“Yo hago un llamado a que se piense en una salida que signifique un acuerdo nacional en torno a la verdad como el que ha propuesto el presidente Gustavo Petro”, señaló el senador Cepeda respecto a la decisión de la Fiscalía que radicó escrito de acusación contra Uribe Vélez.
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El senador señaló que lleva una década en este proceso que inició con una denuncia en su contra por Álvaro Uribe, que luego se archivó para investigar al exmandatario por presunta manipulación de testigos. “Después de haber sido objeto de muchas persecuciones y de toda clase de dilaciones por parte del anterior fiscal, hoy llega el día en que se pronuncia la justicia”, señaló.
Uribe Vélez es el primer exmandatario colombiano llamado a un juicio penal. Para Cepeda, ese hecho histórico “significa que nuestra sociedad hoy ha madurado al punto en el que nadie está por encima de los tribunales y del poder judicial”, aseguró.
En ese sentido, el congresista manifestó que recibe la decisión sin ninguna soberbia, pero “con toda serenidad invitamos a que el expresidente Uribe diga la verdad y busquemos un camino para el acuerdo nacional”.
La propuesta del acuerdo nacional del presidente Petro se plasmaron en su iniciativa de una asamblea nacional constituyente y los reiteró cuando sostuvo un rifirrafe con el expresidente Uribe, a quien señaló de poseer una gran cantidad de tierras y no pagar los impuestos.
Uno de los ejes de ese acuerdo es la verdad como eje de la justicia. “Proponemos llevar el sistema judicial hacia obtener la verdad para buscar la reparación de las víctimas y lograr como fin máximo la reconciliación social como punto final de la era de la violencia. La verdad es la antesala de toda reconciliación y perdón”, ha dicho el presidente Petro al respecto.
La iniciativa surge también cuando el Gobierno nacional radicó un proyecto de ley en el que otorga facultades extraordinarias al presidente para conceder “otorgar perdón (caducidad- extinción de la acción penal) judicial en los casos en que este beneficio contribuya de modo fehaciente a los fines de la política de paz total, porque las circunstancias que rodearon los hechos que motivaron las investigaciones, sanciones o sentencias judiciales condenatorias se hallaron influidas directa o indirectamente por política de Estado, el conflicto armado interno, así como por el ambiente de pugnacidad generado por éste en el marco del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
Incluso, en su pronunciamiento sobre el escrito de acusación, el expresidente Uribe Vélez reiteró su propuesta de una ley de punto final. Señaló que en su caso se trataría de terminar las acciones judiciales en contra de quienes como él, de acuerdo a su versión, son inocentes.

Además, insiste en la falta de pruebas contundentes que soporten las acusaciones en su contra, mencionando que se le acusa sin fundamentos de intentar sobornar testigos o engañar a la justicia. Con referencia a su historia como presidente y su postura política, Uribe interpreta el juicio como un intento de manchar su reputación y la de sus aliados.
Este proceso continúa generando división entre los colombianos, mientras algunos apoyan a Uribe viendo el juicio como políticamente motivado, otros creen que es un paso necesario para la justicia y la transparencia en el país. El presidente colombiano Gustavo Petro ha asegurado que Uribe tendrá garantías en su juicio, enfatizando que su gobierno no persigue a la oposición, una declaración que busca apaciguar las tensiones políticas exacerbadas por el caso.
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