Por pedirle $4 millones a una mujer que detuvo manejando borracha una moto, condenaron a un policía en Bogotá

La mañana del lunes 8 de abril, la Fiscalía General Penal Militar y Policial consiguió que se emitiera una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión contra el subintendente Anderson Montoya Chala, por el delito de prevaricato por omisión, en un caso de concurso homogéneo y sucesivo con concusión, según información que conoció El Tiempo.

La captura del uniformado se dio en diciembre de 2023 ya que le retuvo la licencia de una motociclista en aparente estado de embriaguez y exigió un soborno de cuatro millones de pesos para devolvérsela y no ponerla una infracción de tránsito.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El fiscal a cargo del caso indicó al juez que el subintendente Montoya, a través de su conducta, interrumpió el correcto funcionamiento de las funciones estatales y provocó en la comunidad un sentimiento de deslealtad y falta de transparencia por parte de los funcionarios públicos. Esto, a su vez, dañó la moralidad y la integridad que deben mantener los servidores del estado en su actuar.

“Usted señor Montoya Chala tiene intactas sus capacidades mentales y sus facultades volitivas para poder determinarse con el proceder ilícito que estaba adoptando, conocía a plenitud que tales conductas eran violatorias de normas penales, al recibir amplia instrucción al respecto y ser un subintendente de la Policía con más de 15 años de servicio en la Policía Nacional”, dijo la Fiscalía al respecto durante la audiencia.

En cuanto a lo ocurrido, después de que la mujer sufriera un accidente en la intersección de la calle 26 con la carrera 51, en la madrugada del 13 de diciembre, un equipo de paramédicos y de la Policía acudió al lugar. Sin embargo, a pesar de lo que establece el protocolo, el oficial de tránsito, quien recientemente fue condenado por este caso, no realizó la prueba de alcoholemia después de comprobar que los documentos de la mujer estaban en regla.

Durante los procedimientos judiciales relacionados con este caso, se detalló cómo la afectada estableció contacto con el oficial de policía a la “01:01 de la madrugada, empleando la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, para informarle que su compañera (la patrullera) estaba disponible para conversar con él y para inquirir sobre el lugar específico en el que debía proceder a recoger los documentos. A esta pregunta, el subintendente Montoya respondió indicando que los documentos podían ser recogidos en la URI de Puente Aranda”.

Antes de recibir el alta, la mujer contactó al oficial de tránsito, quien le informó que debería ir a la URI de Puente Aranda para recuperar sus documentos. Sin embargo, le dijo que, para prevenir una suspensión de su licencia por 10 años y una multa de treinta millones de pesos, tenía que pagarle cuatro millones de pesos como soborno.

“El subintendente Montoya le preguntaba que qué proponía, le indicaba que el problema era la suspensión de 8 a 10 años, haciendo referencia a que no podría conducir ningún vehículo y que la multa en grado 3 era de 32 millones de pesos y la de grado 2, de 18 millones”, comentaron desde la Fiscalía General Militar y Policial.

Sobre esto en la audiencia el fiscal del caso comentó lo siguiente: “con esto ejerció una fuerza moral sobre ella, indicando que por estar conduciendo en estado de embriaguez le iban a suspender la licencia por diez años y le iban a cobrar una multa de treinta millones de pesos, y para no realizar el procedimiento y devolver los documentos le pidió 4 millones de pesos”.

La mujer explicó que, por el momento, sólo disponía de doscientos mil pesos. Ante esto, el policía, pensando que la limitación era financiera, consintió en reducir la cantidad exigida para el soborno a la mitad. No obstante, la motociclista optó por denunciarlo. En un lapso de 20 días, la Fiscalía Militar consiguió reunir suficiente evidencia probatoria que permitió llevar a cabo su arresto durante la primera semana del 2024.