El patrimonio de la EPS Sanitas tuvo una estruendosa caída en 2023

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) efectuó el 2 de abril de 2024 la intervención forzosa administrativa para administrar de la EPS Sanitas, y ordenó la toma de posesión de sus bienes y negocios a nivel nacional, luego de evidenciar el estado de su situación financiera, el incumplimiento del indicador patrimonial y el creciente número de quejas de sus usuarios, todo lo cual pone en riesgo la prestación de servicios a su población afiliada estimada en 5.7 millones de afiliados.

Así las cosas, el superintendente Luis Carlos Leal ordenó, por el término de un año, la medida de intervención forzosa administrativa para administrar esta entidad.

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“La información y las situaciones evidenciadas en el marco de las funciones de inspección, vigilancia y control realizada por la Superintendencia Nacional de Salud a la EPS Sanitas, permite establecer un incumplimiento reiterado de la ley y concretamente de aquellas normas que rigen el aseguramiento y la prestación de servicios de salud”, señaló la resolución con la que se dio la intervención.

Para la Supersalud, es claro que esas situaciones e indicadores de la EPS “se ven directamente reflejadas en la vulneración de los derechos de los afiliados y en el incumplimiento de las funciones indelegables de aseguramiento”.

Con corte a diciembre de 2023, la Superintendencia evidenció el incumplimiento de los indicadores de patrimonio adecuado y del régimen de inversiones de reserva técnica.

Y es que hay datos financieros que resultaron determinantes para la intervención de la entidad. Dentro de los estados financieros de 2023, se evidenció una caída de 190% en cuanto a patrimonio. Este pasó de $76.356 millones en 2022 a -$68.774 millones en 2023. Además, en el año pasado las pérdidas se contabilizaron en -$441.649 millones.

Según la evaluación hecha por la Superintendencia, la EPS Sanitas ha faltado a la obligación de pago con la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud y ese no pago ha incidido particularmente en las condiciones de garantía del derecho a la salud a su población afiliada.

A diciembre de 2023, las deudas de esta EPS con las IPS ascendían a $2,04 billones, lo que puso en riesgo no solo la prestación del servicio a sus afiliados sino de todos aquellos usuarios de las redes acreedoras.

“Es importante que toda la población afiliada a esta EPS tenga la certeza de que las funciones de la EPS van a continuar, que no tienen que incurrir en ningún tipo de trámite administrativo o burocrático; que durante todo este proceso se va a garantizar la continuidad de la prestación de servicios tanto para usuarios como para prestadores de servicios de salud”, aseguró el superintendente Luis Carlos Leal.

A continuación, el estado financiero de la EPS Sanitas a septiembre de 2023:

Alarmante aumento de quejas y tutelas

Se constató, de igual manera, una alarmante escalada en la cantidad de reclamaciones dirigidas a la EPS Sanitas durante 2023, con un total de 185.634 reclamos y una tasa de incidencia de 321.25 por cada 10.000 afiliados, cifra que supera significativamente el promedio nacional.

Para la Supersalud, este incremento notorio en las quejas no solo refleja una crisis en la capacidad de respuesta de la EPS frente a las necesidades de sus usuarios, sino que también evidencia una profunda brecha entre los servicios de salud prometidos y los efectivamente entregados.

Crisis se veía venir

Dicha crisis de la EPS Sanitas estaba avisada. En julio de 2023 dicha entidad, en compañía de Sura y Compensar enviaron una carta al Gobierno Petro en la que advirtieron la situación. En esta, entre otras cosas, expusieron que el valor de la unidad de pago por capitación (UPC), que para ese año fue de $1.406.804 (para 2024 es $1.444. 086), es insuficiente para atender el Plan de Beneficios en Salud (PBS).

“Los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema. Se estima que el valor de la UPC en 2022 fue un insuficiente en un 8%,respecto al incremento del valor de los servicios cubiertos por el Plan de Beneficios de Salud (PBS)”, precisaron.

Indicaron que el ajuste de la UPC en 2023 no corrigió ese problema, para hacerlo ha debido tener un ajuste adicional del 5,7%, solicitud que se hizo basado en el estudio de suficiencia de lo UPC que hizo la Universidad EAFIT.

Violación al debido proceso

No obstante, la decisión del Gobierno Petro generó muchas críticas. Una de ellas la hizo el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), Diego Gil. Describió la decisión como arbitraria y carente del debido proceso legal.

“La intervención de Sanitas no solo falla en ofrecer mejoras significativas para la EPS, sino que también transmite una falsa sensación de tranquilidad. Esta afectación y desviación generan graves trastornos y traumas en nosotros como pacientes, quienes dependemos de servicios especiales y de ser interrumpidos nuestra vida podría estar en juego”, afirmó el dirigente.

La organización subrayó que el procedimiento adoptado por la Superintendencia Nacional de Salud pasó por alto el debido proceso antes de proceder con una intervención “para implementar una medida tan significativa, es imprescindible adherirse a un protocolo previamente establecido”. Sin embargo, precisó que desde el Gobierno nacional no se promovió ningún plan de mejora ni se aplicó una fase de supervisión especial antes de considerar y proceder con una intervención.

“Este enfoque está sometiendo a nuestro sistema de salud a una serie de procesos erróneos y decisiones influidas por motivaciones políticas, perjudicando el bienestar general” afirmó Gil.

En comparación con otras EPS que no han llegado a ser intervenidas y que presentan peores indicadores financieros y de salud, refuerza la percepción de que la medida tomada contra Sanitas es más una retaliación que una acción justificada. “Estamos ante una medida arbitraria que pone en juego la vida de muchos, una decisión influenciada por motivaciones políticas más que por el bienestar mismo de los pacientes”, puntualizó Diego Gil.