La Comisión de Seguimiento de los Recursos de la salud en Colombia denunció que casi doce billones de pesos girados a cuatro grandes Entidades Prestadoras de Salud estarían “embolatados”.
Para llegar a esa conclusión, la Comisión analizó los estados financieros y contables de 2023 radicados por las EPS ante la Superintendencia Nacional de Salud, en los que se reflejaría la falta de dinero. “Encontramos hallazgos muy preocupantes, como que solo cuatro de estas presentan una presunta pérdida de 11,8 billones de pesos en la vigencia 2023″, explicó la exministra de Salud Carolina Corcho.
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La exministra aseguró que “estos recursos no aparecen ni en caja, ni tampoco invertidos en reservas técnicas, como dice la ley, ni tampoco aparecen en pagos a clínicas, hospitales y proveedores”.
El grupo, integrado por entidades médicas, científicas, de pacientes, profesionales de la salud, académicas y sindicales, entre otras, afirma que existe una falta de claridad y confusión acerca del destino de los fondos de las EPS.
“Por eso el próximo martes haremos una rueda de prensa donde, además, plantearemos otros hallazgos sobre integración vertical presuntos sobrecostos en los medicamentos y seguimiento a reservas técnicas, que serán compulsados a los organismos de control para que se hagan las respectivas investigaciones”, agregó la exministra Corcho.
La misma denuncia ya había sido hecha en noviembre pasado por el entonces senador del Pacto Histórico Alexander López, hoy director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). En su cuenta de X, el exparlamentario le pidió a la Contraloría investigar a las EPS por aprovisionarse de 18 billones de pesos girados por el Estado y solo utilizar 6, lo que en total dan los mismos 12 billones de pesos perdidos que denuncia la Comisión de Seguimiento de los Recursos de la salud en Colombia.
“Según el informe de la Supersalud las EPS aprovisionaron 18 billones de pesos en el marco de Reservas Técnicas, de los cuales solo han invertido 6 billones, por tanto, hacen falta 12 billones que no aparecen y que se necesitan con extrema urgencia para conjurar la crisis actual que viene sin atención por los anteriores gobiernos. En ese sentido he presentado un Control Excepcional ante la @PrimeraSenado con el fin de que la @CGR_Colombia investigue a la EPS para determinar dónde están los recursos”, escribió en su cuenta de X.
Esta denuncia se suma a la conocida la semana pasada sobre la financiación de los dueños de dos EPS a los partidos de los senadores de la Comisión VII que firmaron la ponencia de archivo a la reforma a la salud.
Se trata del grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, y el grupo Bolívar, propietario de Salud Bolívar EPS. Los dos financiaron las campañas al Congreso de los partidos Liberal, Conservador, La U, Alianza Social Independiente, Centro Democrático y Colombia Justa y Libres en 2022, según los informes consignados por las mismas colectividades en el portal Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral.
En total, los aportes fueron de 365.000 dólares, lo cual resultaría insignificante para lo que recibieron los partidos en campaña. No obstante, esa sería una poderosa arma que el Gobierno podría utilizar para recusar por posibles conflictos de interés a los congresistas que firmaron la ponencia de archivo, lo cual significaría la resucitación de la reforma a la salud.
El senador Pinto, que propuso la ponencia de archivo a la reforma a la salud, afirmó que la legislación vigente no beneficia a intereses particulares y, por tanto, no presenta impedimentos para quienes participaron en la propuesta. “Cuando el voto negativo lo que hace es mantener la legislación actual y aquí no estamos beneficiando a nadie porque se mantiene lo que hoy está rigiendo en Colombia desde hace muchos años y, por lo tanto, no hay beneficios personales y por eso no hay conflictos de interés, ni impedimentos para quienes firmamos la ponencia de archivo de la reforma a la salud”, dijo.
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