
Dos uniformados de a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) de la Policía Nacional fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación junto a tres civiles con los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, lavado de activos y concierto para delinquir con fines de contrabando.
Se trata del mayor Andrés Felipe Montoya Navarro y el patrullero Harol Gil Ramírez. Los civiles son los hermanos Jorge Alberto y Jhon Marlon Gil Ramírez, y Tulia Inés Tapia Mulett.
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Al parecer, a cambio de dádivas, se apartaron de sus funciones y permitieron el paso de cargamentos que no cumplían la normatividad aduanera nacional. Producto del actuar ilegal, presuntamente incrementaron sus patrimonios injustificadamente, y adquirieron bienes inmuebles y vehículos ubicados en el Eje Cafetero.

Los investigados fueron capturados en un operativo llevado a cabo por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en conjunto con la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales.
El mayor Navarro fue ubicado el pasado 19 de marzo en el corregimiento de La Emita, en Ocaña, Norte de Santander. Pretendía esconderse en una vivienda, pero hasta allí llegaron los agentes del CTI, acompañados del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía de Norte de Santander y el Interpol. Era requerido por la Fiscalía por desempeñar un papel crítico en la red de contrabando en el puerto de Barranquilla al haber sido el jefe de División de Control Operativo de la Policía Fiscal y Aduanera de la ciudad.

Un juez con función de control de garantías le impuso a él y al patrullero Gil Ramírez medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras se adelanta el proceso judicial en su contra. Por su parte, los tres civiles presuntamente involucrados seguirán vinculados a la investigación, pero en condición de libertad.
Paralelamente al proceso penal, una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio aplicó medidas cautelares como la suspensión de la capacidad de disposición, el embargo, el secuestro y la toma de posesión de 1 empresa, 20 propiedades y 10 vehículos situados en Dosquebradas, Guática y Santuario (Risaralda); y Barranquilla (Atlántico). Estas propiedades, cuyo valor preliminar se estima en 5.940 millones de pesos, pasaron a ser administradas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
En agosto de 2023 el mayor Navarro ya había sido capturado porque supuestamente, junto con otros tres miembros de la Policía, coordinaban los envíos desde Colombia a México de droga que sería recibida por el Cartel de Sinaloa. Además, le proporcionaba información confidencial a los grupos dedicados al narcotráfico, de acuerdo con la imputación de la Fiscalía.
El mayor retirado, que en el pasado hizo parte de la Unidad Especial de Confidencialidad de la DEA, se entregó en ese entonces. Sin embargo, a pesar de que aceptó cargos y su captura fue legalizada por un juez de control de garantías, nunca fue enviado a prisión.
Gigantesco cargamento de cocaína cayó en San Andrés

En una acción conjunta dirigida a luchar contra el narcotráfico, la Fuerza Aérea, la Armada de Colombia y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de Estados Unidos (Jiafts) lograron la incautación del mayor cargamento de drogas registrado en el Caribe colombiano en los primeros meses de 2024.
Según informaron las autoridades, se decomisaron en total 3,355 kilogramos de clorhidrato de cocaína de alta pureza que estaban siendo transportados en una lancha rápida cerca del Archipiélago de San Andrés y Providencia.
La captura del extenso cargamento de droga, valorado en 115 millones de dólares, se realizó durante intensos patrullajes marítimos y fue posible gracias a crucial información proporcionada por la inteligencia aérea, la cual identificó la embarcación y notificó tanto a la Armada como al comando estadounidense.
Se sospecha que el destino final de la droga eran las costas de Honduras, ya que uno de los detenidos, que supuestamente manejaba la lancha, era de esa nacionalidad. Otro de los capturados por las autoridades navales era venezolano y los tres restantes eran colombianos. En el país centroamericano, el gran cargamento de droga sería redistribuido y enviado posteriormente a Norteamérica, donde los cárteles mexicanos se encargarían de su venta en el mercado ilegal de sustancias alucinógenas.
*Esta nota fue hecha con ayuda de inteligencia artificial
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