
Tras la polémica que ha generado la idea del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rincón, de crear una vaca con la intención de financiar la construcción de las vías 4G del departamento, el presidente Gustavo Petro no dudó en responderle al mandatario, por lo que le solicitó detener la recolecta de dinero.
Aunque el primer mandatario hizo énfasis en la ley colombiana para solicitarle al gobernador que no recolecte más dinero, el problema fue que la manera en la que lo hizo generó críticas desde varios políticos.
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En la tarde del martes 26 de marzo de 2024, el presidente compartió en su cuenta de X (antes Twitter) una imagen con el artículo 316 del Código Penal en el que se especifica que en el país está prohibida la captación masiva de dinero: “Señor gobernador de Antioquia: cumplimos esta ley no”.
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Pero, luego de la publicación, la representante a la Cámara Catherine Juvinao Clavijo aseguró que el primer mandatario había cometido un “oso” jurídico y pidió una sanción para el presidente del país por desinformar: “Hacer un oso jurídico de estos por parte de un presidente de la República sí debería tener algún tipo de sanción. Al menos por desinformación clara y deliberada”.
Juvinao también cuestionó si el presidente no tiene un amigo penalista que lo prevenga de ese tipo de publicaciones, o por lo menos que alguien revise la redacción del primer mandatario: “¿Algún penalista amigo del presidente que le ahorre este nuevo yerro? Al menos alguien que le redacte con comas”.
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La publicación de la representante generó varios comentarios de usuarios de redes sociales que aseguraron que no se trata de una captación masiva, y que el gobernador de Antioquia puede declarar emergencia para recoger las donaciones.
“No hay captación masiva y habitual de dineros ni tampoco se configura un lavado de activos”; “El gobernador puede declarar la emergencia vial y así sin ningún tipo de trabas recoger donaciones”; “Confunde la captación con la donacion; mientras la captación es con animo lucrativo y la parsona que entrega el dinero con expectativa de reditos, la donación es el acto de dar sin esperar nada 🥴🙆😱😅”.
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Qué dice el artículo que compartió el presidente
El artículo 316 del Código Penal se refiere a la captación masiva y habitual de dinero, por lo que explica que para desarrollar este tipo de actividades se debe contar con la autorización de una autoridad competente: “El que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente”.
De no cumplir la ley, la persona podrá tener una condena privativa de la libertad que va desde los 120 hasta los 240 meses, y una multa de 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Incluso, el artículo agrega que existe un agravante si en la captación de dinero se “hace uso de los medios de comunicación social u otros de divulgación colectiva”, pues se aumentará la pena en hasta una cuarta parte.
En el Código Penal también está establecido que, independientemente de la sanción que se defina, la persona que haya captado dinero y no lo devuelva o reintegre, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses y se le impondrá una multa de 133.33 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La solicitud de Petro de parar la ‘‘vaca
En la mañana del lunes 25 de marzo de 2024, el presidente Gustavo Petro solicitó al gobernador de Antioquia suspender la vaca, la cual consideró como innecesaria, puesto que puede ser infiltrada por dineros del narcotráfico.
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“Le solicito al gobernador de Antioquia suspender la cuenta de ‘la vaca’ innecesaria para vías, dado que puede ser infiltrada por dineros sucios del narcotráfico incorporados a las donaciones”, dijo.
La solución que propuso el presidente Petro fue la de implementar, en trabajo conjunto con el Gobierno nacional, un cobro de valorización por las obras entregadas y destinar un porcentaje para las vías del departamento: “De cualquier manera el Gobierno nacional adelantará el proceso de cobro por valorización evitando castigar sectores poblacionales antioqueños con baja capacidad de pago”.
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