Poderoso empresario se quedó por fuera del puerto de Buenaventura después de más de 30 años: se viene millonaria demanda

Una millonaria demanda se le podría venir al Estado colombiano por cuenta de la decisión del gobierno de Gustavo Petro de no prorrogar el contrato de la administración del muelle 13 del puerto de Buenaventura a Ventura Group, la empresa que lo controla desde hace más de 30 años.

En diciembre de 2023, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) había aprobado la concesión al Grupo Portuario por 20 años más. Pero solo dos semanas después, el 23 de diciembre, dio reversa a su decisión y solo decidió renovar el acuerdo por un año, según reveló Cambio.

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De acuerdo con el medio Las 2 Orillas, la decisión fue tomada por el consejo directivo de la entidad, presidido por el ministro de Transporte, William Camargo, con el apoyo de la ministra de Ambiente, Susana Mohamad, y de Hacienda, Ricardo Bonilla, además del director de Planeación, Jorge Iván González.

El motivo sería la afectación ambiental que generan los patios donde se almacena el carbón que transporta Interamerican Coal, que colindan con dos de los barrios más humildes de Buenaventura.

La determinación tomó por sorpresa a Ventura Group, que después de haber administrado el muelle por 33 años, deberá devolverlo a la Armada Nacional en 2025. “Que le comuniquen a uno el día de los inocentes que su prórroga no se hará, después de haber cumplido dos años y medio de trámites y estrictamente con lo que señala la ley, pues no es nada estimulante”, dijo Álvaro Rodríguez, presidente de Ventura Group, en la Asamblea de Afiliados de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), el 22 de febrero pasado.

Pero la compañía decidió tomar cartas en el asunto y presentó un recurso de reposición para mantener la administración del muelle por 20 años más. De todas formas, la ANI expidió el 14 de marzo pasado una resolución con la que resolvió confirmar la decisión que tomó a finales de diciembre, de acuerdo con Cambio.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X: “No se le quita el contrato. El contrato llega a su final, punto”.

En el documento en el que la ANI confirma su decisión de diciembre pasado, afirma que no se alcanzó a suscribir el otrosí para dejarle la administración del muelle a Ventura Group hasta 2025, “no se generaron derechos ni obligaciones entre las partes, por lo cual, resulta inadecuado pregonar la existencia de un perjuicio frente a una mera expectativa”.

De hecho, la compañía había solicitado revisar la violación de los derechos adquiridos porque en la primera decisión, que había quedado plasmada en una resolución, se había aceptado la prórroga del contrato. Sin embargo, cinco días después se reversó sin dar explicaciones.

Otro argumento presentado por la junta directiva de la ANI fue que la operación del puerto se puede ver afectada porque no existe la certeza de quién ni cómo la administrará cuando se acabe el contrato actual. “Actualmente la operación del puerto se encuentra garantizada, situación que aunada a la ejecución presente del contrato permite garantizar la prestación adecuada del servicio en el marco de las obligaciones que a la ANI le corresponden”, dice la reciente resolución de la ANI.

Y añade el documento que “la revocatoria de la resolución del 5 de enero de 2024 es improcedente como quiera que la misma se generó con ocasión de una decisión del consejo directivo que como autoridad competente fue quien adoptó la determinación de negar la solicitud de modificar el contrato de concesión portuaria, quien luego de agotar el procedimiento señalado en la metodología, tomó la decisión que en derecho correspondía”.

La decisión de la ANI ya está bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación, que de acuerdo con Cambio, llegó hasta la oficina de la ANI para “adelantar una labor preventiva que busca anticiparse y evitar la concurrencia de hechos que afecten los derechos de las personas, mediante la detección y advertencia temprana de riesgos en la gestión pública”.

El Ministerio Público dijo también que busca proteger el ordenamiento jurídico y salvaguardar los recursos públicos, además de revisar si se cometieron fallas disciplinarias con la toma de la decisión.