Obispado Castrense pagó millonada por caso de abuso sexual, pero se niega a pedir disculpas a las víctimas

Los casos de abuso sexual por parte de sacerdotes son tomados con gran delicadeza en el mundo, esto se debe al respeto que se tiene por la religión y sus representantes; Colombia no es la excepción, y solo tres casos han terminado con condenados.

En El Líbano, Tolima, Manizales, Caldas y Bogotá están los procesos que han terminado con sacerdotes juzgados por la justicia, este último tiene a la abogada Paola Giraldo, directora de la firma Galvis Giraldo Legal Group, como protagonista de una lucha que muchos de los casos terminan en procesos inconclusos.

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La historia del abuso se remonta a 2014, cuando el sacerdote Freddy Orlando Rodríguez Cuéllar, perteneciente al Obispado Castrense y la comunidad religiosa, abusó de dos hermanos menores de edad. Rodríguez fue suspendido del sacerdocio, capturado en 2015 y condenado a 112 meses de prisión, pero falleció en 2019 cuando estaba cumpliendo su pena.

Los menores habían conocido al sacerdote debido a que estudiaban en un colegio religioso en el que Rodríguez era rector, sumado a esto, los niños asistían a la iglesia como monaguillos.

Esta “justicia” no cumplió con lo que pedían los familiares de las víctimas, que no solo querían ver al abusador de los menores en prisión, sino que la iglesia se disculpara por los actos que realizó uno de sus representantes, por lo que CasaMacondo expuso, desde la voz de la jurista, este escándalo que involucra a la iglesia.

Este caso fue asumido por Paola Giraldo, que en noviembre de 2022 logró que el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá condenará a Obispado Castrense y a los Hijos de la Sagrada Familia a pagar 70 salarios mínimos legales vigentes a las víctimas.

Cabe mencionar que el Obispado Castrense es el que está encargado de la asistencia religiosa para los miembros de las Fuerzas Militares, lo que hace que dependa económicamente del Ministerio de Defensa. Esta diócesis acogió al sacerdote Rodríguez Cuéllar durante el tiempo que se registraron las denuncias en su contra.

Sumado a ello, la jueza ordenó que se realizará todo lo necesario para reparar simbólicamente a los afectados, lo que incluía que el Obispado Castrense tuviera que pedir disculpas públicas, reconociendo el daño causado desde un accionar basado en la confianza por la religión.

Hasta el momento, estas disculpas no se han registrado, de hecho, desde el Obispado Castrense han emitido varios recursos para no cumplir con la orden judicial, lo que ha generado indignación en la familia de las víctimas y su abogada.

Ahora, Paola Giraldo ha denunciado a este obispado por falsear información de un sitio web, ya que fue notificada de que habían solicitado la nulidad del proceso porque el correo al que llegó la notificación no era el de ellos, aunque era el que aparecía en la página oficial.

El caso terminó en la Corte Suprema, que le dio la razón a la abogada, pero no ha logrado que desde el obispado realicen el acto de disculpas, que es lo que más le interesa a la familia de las víctimas, principalmente porque la madre de los menores, que es cabeza de hogar, aún se sigue culpando por los abusos que recibieron sus hijos mientras ella estaba trabajando.

Es por ello que Paola Giraldo ahora busca que el caso llegue al Vaticano, ya que entiende que la justicia en Colombia ha hecho lo posible y su objetivo es que sea el papa Francisco el que pida al Obispado Castrense que ofrezca disculpas públicas, un hecho histórico en Colombia.