Según reveló La W, los documentos muestran que Diana Cristina Montoya Giraldo, propietaria de la empresa Impresión Solvente misma que estaba encargada de elaborar estampados para los carrotanques de La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), también gestionó la publicidad política del diputado Jaime Cano, del Partido Conservador y diputado de Itagüí, quien además es muy cercano al senador Carlos Trujillo del mismo partido y exalcalde de Itagüí.
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Los informes indican que Montoya, que anteriormente negó tener relaciones con políticos y cuya sede empresarial estaba en Itagüí, realizó una serie de trabajos publicitarios para Cano, incluyendo balconeros, vallas y pasacalles en varios municipios de Antioquia, por un monto total de 50 millones de pesos y un segundo pago de 32 millones de pesos destinado también a publicidad. Estos datos se confirmaron a través de las cuentas de campaña que el mismo Cano entregó al Consejo Nacional Electoral.
La investigación apunta a una red de influencias y conexiones familiares y políticas: Jaime Cano es suegro de Gloría Chávez, prominente figura en Itagüí y prima de la esposa del senador Trujillo, lo que demuestra cómo las relaciones personales se entrelazan en los contratos adjudicados.
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Uno de los aspectos más llamativos de este caso es la contraposición entre las declaraciones de Montoya y la evidencia documentada. “No tengo ninguna relación con políticos”, aseveró Montoya en La W. No obstante, los documentos revelan una historia completamente diferente, donde se destaca no solo la relación directa con la campaña de Cano sino también sobrecostos asociados a los servicios contratados por la UNGRD a través de Impoamericana SAS, empresa que adjudicó el trabajo a Impresión Solvente.
Este caso pone de relieve la complejidad de las redes de influencias y el entramado de relaciones que pueden existir entre el sector político y empresarial en regiones específicas de Colombia, sumando un elemento más al debate sobre la transparencia y la ética en la adjudicación de contratos públicos y en la financiación de las campañas políticas.
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La veracidad de la información ha sido confirmada a través de la documentación oficial entregada por las partes implicadas, lo que garantiza la precisión de lo reportado. Este tipo de investigaciones desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la integridad en la gestión pública y la vida política del país, al exponer relaciones y transacciones que podrían no estar alineadas con los principios de transparencia y equidad.
Se hace un llamado a la reflexión sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control en todos los niveles de la gestión pública, así como en la interacción entre el sector privado y el ámbito político. La confianza en las instituciones se ve afectada cuando emergen este tipo de situaciones, por lo que es imperativo abordarlas con seriedad y determinación.
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La historia de las impresiones
“A nosotros nos buscaron para hacer los stickers de 30 carrotanques: 21 los pusimos en Itagüí y el resto en Cali”, le dijo a El Tiempo Diana Cristina Montoya, representante legal de Impresión Solvente. En esa misma entrevista añadió que a ellos los contrataron por la excelencia de su trabajo y no por vínculos políticos.
Cuando se le preguntó si Impoamerican Roger SAS la había contratado ella dijo: “No. A nosotros nos contrató Servithomas SAS, no tenemos conexión política con nadie”.
Servithomas SAS aparece como una empresa de transporte de carga con sede en Sabaneta. Los representantes legales de la compañía, María Helena Cardona Arboleda y Dani Alexander Quintero Herrera, han logrado posicionar a la firma dentro del sector logístico, según registros del Ministerio de Transporte. Fue creada con un capital de 50 millones de pesos, pero ahora registra un capital superior a los 1.000 millones de pesos.
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Según Diana Cristina Montoya, el cobro de 21 stickers por un total de 312.000 pesos y otros 9 por 450.000 pesos más IVA, con particular énfasis en aquellos instalados en Cali.
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