Constructora estafó a 200 familias: se quedaron con $5.000 millones y no entregaron ni una casa

Los directivos de una empresa encargada de construir viviendas de interés social en Piedecuesta, Santander, fueron judicializados por estafar a más de doscientas familias.

Los señalados hacen parte de la firma Qbica Constructores, una compañía que desde el 2012 prometió cumplir el sueño de cientos de familias de adquirir vivienda propia en Santander.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Los directivos de la constructora señalada de estafar familias en Santander fueron identificados como José Julián Silva Bueno y Juan Camilo Corrales, representantes legales de la constructora para la época de los hechos; Jaime Rafael Galvis Vásquez, asesor jurídico y Fredy Augusto Amaya, accionista y presentante legal desde el 2018 hasta el 2023.

La Fiscalía General de la Nación, tras las investigaciones realizadas, imputó a los señalados por los delitos de estafa agravada, urbanización ilegal y concierto para delinquir.

Así se gestó la estafa a las familias en Santander

En el 2012 la firma Qbica Constructores inició la promoción del proyecto de interés social ubicado en el barrio Barro Blanco, en Piedecuesta Santander.

La constructora señaló que las torres de apartamentos que se levantarían en esa zona era una muy buena apuesta para adquirir vivienda, sobre todo para las personas de clase media y baja. De acuerdo con la promoción de ese momento, cada inmueble tendría un costo de 45 millones de pesos.

El proyecto era atractivo y una “interesante solución de vivienda” teniendo en cuenta que los interesados tenían plazo hasta el 2014, es decir dos años, para gestionar la compra de los apartamentos.

La Fiscalía estableció que los apartamentos nunca fueron entregados, pese a que los compradores entregaron la suma total que costaba cada una de las viviendas.

“Dicha constructora no cumplió con lo que había ofrecido afectando a centenares de personas que habían puesto su dinero y esperanzas en el proyecto, que nunca fue entregado”, señalaron desde el ente acusador.

Las investigaciones de este sonado caso de Santander permitieron establecer que los directivos de la constructora se habrían apropiado de al menos 4.800 millones de pesos, de las más de 200 familias que decidieron invertir en el proyecto de vivienda de interés social Torres del Campo.

Por esos hechos, el juez de control de garantías avaló la solicitud de la Fiscalía General de la Nación y emitió la orden de captura contra los señalados. La detención fue ejecutada por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) el pasado jueves 7 de marzo.

Tras conocer el material probatorio aportado por el ente acusador, el togado decidió establecer la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra los seis directivos de la constructora.

Por otra parte, Elizabeth Mantilla, que era la directora de ventas del proyecto de vivienda y Gloria Amparo Mojica, que para la época se desempeñaba como ejecutiva de ventas, fueron cobijadas con la medida de aseguramiento en su domicilio, es decir, estarán en casa por cárcel mientras avanza el proceso.

Compradores recibieron la vivienda pero no está a su nombre

Pese a que desde la Fiscalía aseguraron que los afectados no recibieron los apartamentos que compraron, el diario local Vanguardia reveló el caso de una ciudadana que en el 2017, es decir cinco años después de que iniciara la oferta de vivienda, pagó la totalidad de la vivienda, pero nunca recibió las escrituras.

De acuerdo con lo reportado por el medio local, la adulta mayor encontró en el proyecto el espacio perfecto para alejarse del ruido de la ciudad y estar más tranquila, por eso compró, de contado, el apartamento en Torres del Campo.

Pese a que el inmueble fue entregado, y la mujer vive en ese sitio, el apartamento está a nombre de una entidad financiera. “No nos dieron las escrituras por mil excusas. Que cambiaron el representa legal, que tenían problemas con las notarías. En junio de 2017 mi mamá se pasó a vivir a Torres del Campo, sigue viviendo allá, pero el apartamento está a nombre de la financiera a pesar de ya haberlo pagado de contado. En cualquier momento la pueden desalojar”, relató el hijo de la afectada en entrevista con el medio mencionado.