En Medellín, la tranquilidad que se sentía en la iglesia ha pasado a la historia, después de que se conociera una disputada batalla legal y social que ha surgido en torno a una serie de propiedades ubicadas frente a la parroquia El Calvario, en el barrio Campo Valdés.
La controversia se centra en al menos ocho propiedades que han sido administradas por la institución religiosa desde la fundación del barrio en la década de 1930. Sin embargo, los predios que fueron donados hace casi un siglo, ahora son el epicentro de los conflictos entre el párroco de la iglesia, los fieles y quienes quieren apoderarse de las viviendas.
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De hecho, el conflicto ha escalado a denuncias ante la Fiscalía y órdenes de desalojo, señalando una profunda división entre los reclamantes, quienes aseguran tener derecho sobre las viviendas, y la parroquia, que afirma su legítima administración sobre estos inmuebles.
Los reclamantes, entre los cuales se encuentra Huber Alonso Jaramillo Úsuga, argumentan que tras décadas de residir en el lugar, deberían ser considerados como legítimos propietarios. Jaramillo Úsuga señala que su familia ha seguido “todos los procedimientos legales” para la compra de su casa, enfatizando su determinación de demostrar la legalidad de su propiedad.
“Ante ese acto que se celebró de compra con esta firma, Catastro le envió una resolución a la parroquia El Calvario, donde dice que le da de baja a ese predio, a esa matrícula ficticia con la que ellos pagaban impuestos ahí, e inscribió a mi madre como propietaria del predio, con el número de matrícula 5050212 en la oficina de instrumentos públicos de la zona norte”, comentó Jaramillo en diálogo con Caracol Radio.
Por otro lado, la parroquia sostiene que las transacciones llevadas a cabo por algunos vecinos son ilegítimas, iniciando acciones legales para el desalojo de las propiedades y defendiendo su gestión con documentos que incluyen escrituras y recibos del impuesto predial.
El origen del conflicto se remonta a cuando Campo Valdés comenzó a expandirse en medio del auge industrial de Medellín. Durante esta época, la urbanizadora Cock e hijos donó terrenos para la construcción de la parroquia y otras edificaciones.
Desde entonces, la parroquia ha gestionado estos inmuebles, algunos de los cuales son ocupados bajo un acuerdo de arrendamiento con la iglesia desde sus inicios. Sin embargo, la tranquilidad del barrio se vio alterada cuando una “firma de inversiones” aseguró tener documentos que probaban la entrega irregular de los terrenos a la iglesia, llevando a las familias a cuestionar la legalidad de la administración de la parroquia sobre las propiedades.
La situación se agravó aún más a finales de 2022 cuando una de las familias formalizó la compra de su hogar ante una notaría, iniciando el pago del impuesto predial y provocando que la parroquia intensificara sus esfuerzos legales por recuperar la propiedad.
A pesar de que las órdenes de desalojo han sido aprobadas en varias ocasiones, la ejecución se ha visto obstaculizada por la complejidad de los documentos presentados por ambas partes a la hora de llevar a cabo el proceso.
En respuesta a las acusaciones de usurpación, la parroquia ha colocado carteles alrededor del templo y las propiedades en disputa, advirtiendo a los vecinos de no dejarse “estafar” y aclarando que los bienes de la parroquia “no están en venta, no se permutan, no se enajenan, no se cambian”.
La complejidad del caso ha provocado que muchos vecinos y conocedores del asunto prefieran mantenerse al margen por temor a represalias, a pesar de la creciente atención pública que ha suscitado el conflicto desde que fue reportado por el medio nacional citado en febrero.
Y es que la disputa no solo refleja un enfrentamiento legal entre particulares y la parroquia, sino que también plantea interrogantes sobre la seguridad jurídica de la propiedad en áreas de valor histórico y cultural, además de los problemas de convivencia que se estarían generando en las procesiones, pues varios párrocos han acusado en público a los vecinos de tener alianzas con grupos ilegales
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