Esta es la investigación por desvío de recursos que enfrenta Olmedo López

Olmedo López se enfrenta a graves acusaciones de sus exsocios, Carlos Mario Zapata y Cristian Yuri Vacca. Los fundadores de Comercializadora Practimax, empresa establecida en 2006, alegan que López se apropió de forma fraudulenta de fondos, provocando un daño económico significativo. Este asunto ha salido a la luz en un momento en que la compañía afronta un proceso de reorganización.

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Según conoció La W, el núcleo familiar de López, integrado por su hermano Leocadio de Jesús López, su esposa Martha Isabel Atehortúa y su hijo Mateo López Ochoa, ostenta casi el 70% de las acciones de la empresa. Esta mayoría accionaria le otorgó a López un control casi total sobre las operaciones y decisiones de la compañía, un poder que, según los acusadores, fue utilizado en beneficio propio. “El socio Olmedo de Jesús López Martínez presuntamente ha ejercido, en calidad de administrador de derecho, de hecho y como socio en la ya referida sociedad, actos y negocios jurídicos en beneficio propio y/o de un tercero con el abuso de su posición dominante como socio fundador y mayoritario de la sociedad,” señalan en la denuncia.

La gestión financiera de López es el centro de la controversia. A partir de 2015, la empresa comenzó a enfrentar problemas financieros significativos, los cuales, según alegan los exsocios, serían el resultado del mal manejo, gasto excesivo y desvío de recursos por parte de López sin el consentimiento de los otros socios, contraviniendo así los estatutos de la empresa. “Ha dispuesto fraudulentamente de los bienes de la sociedad, contrayendo obligaciones financieras a cargo de ésta, causando así perjuicios económicos a la misma empresa y los demás socios,” detalla la denuncia.

La acusación principal indica que Olmedo López habría malversado al menos 198 millones de pesos de la empresa. Indican también que López recibió en 2015 tres tarjetas de crédito de la empresa: una con un límite de 20 millones de pesos y las otras dos con un límite de 4 millones de pesos cada una. Desde ese momento y hasta el día en que se realizó la denuncia, Olmedo López no proporcionó justificativos ni extractos bancarios que respaldaran el uso de dichos fondos. La denuncia expresa que: “ha ejercido una presunta apropiación indebida de los recursos económicos de la empresa, sufragando gastos personales y familiares que no están comprendidos en el objeto misional de la empresa”.

Además de la supuesta malversación a través de tarjetas de crédito, la denuncia incluye un crédito bancario de 300 millones de pesos que López habría solicitado a nombre de la empresa. Dicho crédito, presentado bajo el pretexto de financiar la nómina, habría sido en realidad un autopréstamo que terminó financiando la campaña de Gustavo Petro en 2018.

La empresa, al detectar irregularidades financieras, procedió a realizar una auditoría interna que culminó en la denuncia formal. La denuncia menciona que “el señor Olmedo López no presenta los extractos bancarios de las referidas tarjetas, ni justifica sus gastos y usos, al respecto”. Esta situación ha puesto en evidencia procedimientos de control interno posiblemente deficientes, al permitir que tales cantidades de dinero fueran manejadas sin la debida vigilancia y justificación.

La implicación de Gustavo Petro en este caso, aunque indirecta según la denuncia, plantea interrogantes sobre la financiación de las campañas políticas y la transparencia en la gestión de fondos. Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial con respecto a que la opinión pública este recordando el hecho.

A medida que avance la investigación, será crucial observar las medidas que se adopten tanto en el ámbito empresarial como en el político para prevenir y sancionar cualquier forma de apropiación indebida de fondos.