Estas son las promesas que deberá cumplirle Salvatore Mancuso a la JEP

Con el regreso del exfeje paramilitar Salvatore Mancuso a Colombia, ahora deberá demostrar con pruebas en mano todo lo que afirmó durante 2023 para poder acogerse a la justicia especial, a pesar de que su caso debía ser tratado por Justicia y Paz.

El líder del paramilitarismo en Colombia proporcionó a la JEP una serie de testimonios que arrojan luz sobre su papel como intermediario entre las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares en Colombia. Durante cuatro días en mayo de 2023, Mancuso entregó información clave que ha ayudado a comprender la complejidad y profundidad de las alianzas ilegales en el país, especialmente entre 1989 y 2004.

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De hecho, sus declaraciones salpicaron a personalidades del mundo político, como en el caso de altos funcionarios gubernamentales, incluido el expresidente Álvaro Uribe Vélez, así como de empresarios, en masacres y estrategias paramilitares, como la ocurrida en El Aro, Antioquia, cometida el 22 de octubre de 1997 y en la que perdieron la vida 17 campesinos.

Según la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, luego de cinco años de deliberaciones, la incorporación del testimonio de Mancuso representa un hito en el proceso de justicia transicional colombiano, pues ofrece una perspectiva hasta ahora desconocida sobre las operaciones conjuntas en regiones como Urabá, los Montes de María, y los departamentos de Córdoba y Antioquia.

Según indicó la justicia especial en un auto, estas operaciones tenían objetivos económicos y políticos compartidos, evidenciando una “articulación” con altos mandos de unidades militares, políticos y económicos regionales para el beneficio de intereses particulares.

Sin embargo, con la llegada del ahora gestor de paz, Mancuso deberá esperar la llamada de la Sala de Reconocimiento de la JEP, que tiene ahora la tarea de investigar estos aportes en el contexto de los macrocasos 03, que examina los ‘falsos positivos’; 04, que prioriza la situación del Urabá durante el conflicto armado y 08, enfocado en juzgar las alianzas entre militares y paramilitares.

De hecho, Mancuso deberá rendir declaratoria y completar su versión de lo señalado, como la articulación de las AUC con las Fuerzas Armadas de Colombia, entregando información más detallada sobre la estrategia que se utilizó para articularse con los altos mandos del Batallón Junín y las brigadas XI y XVII del Ejército Nacional, además de su relación con la Secretaría de Gobierno de Córdoba y la Gobernación de Córdoba.

En ese contexto, el exjefe paramilitar también deberá aportar más información documental y verbal sobre cómo lograron coordinar las operaciones militares que se realizaron bajo las órdenes de paramilitares, a pesar de no pertenecer a la institución.

Pero Mancuso no solo se limitará a hablar de sus conexiones con Fuerzas Militares del país, sino que deberá complementar su versión sobre las alianzas con empresarios que facilitaron prácticas como el despojo de tierras para la ganadería o la creación de monocultivos de palma, además de influir en procesos electorales para favorecer ciertas candidaturas.

En ese sentido, deberá aportar el material probatorio sobre las elecciones que fueron infiltradas por los paramilitares para favorecer los intereses políticos de algunos personajes que se quedaron con los cargos de elección popular, además de demostrar la relación entre las contiendas electorales y el favorecimiento de megaproyectos para conectar la zona caribe de país con el Océano Pacífico.

La investigación de la JEP, ahora armada con documentos, matrices, y anexos proporcionados por Mancuso, contempla el escrutinio de al menos trescientas personas de diversas jerarquías políticas y económicas sospechosas de estar relacionadas con los paramilitares. Estas incluyen, pero no se limitan, a firmantes de paz; en cambio, la Jurisdicción carece de competencia sobre otras figuras como expresidentes, aunque no significa que no deba entregar pruebas sobre los supuestos vínculos con ellos.

El compromiso de Mancuso también será con las familias que sufrieron la desaparición forzada de alguno de sus seres queridos, pues una de las condiciones para ser aceptado por la JEP es que entregue la ubicación exacta donde fueron sepultados, o arrojados, todos los cuerpos de las víctimas de los paramilitares.

Este caso se inscribe dentro de un marco más amplio de justicia transicional que busca abordar las verdades ocultas del conflicto armado colombiano. Los testimonios y documentos de Mancuso representan una oportunidad sin precedentes para hacer avanzar la justicia y la reparación a las víctimas de décadas de violencia armada.

Con la larga lista de promesas de verdad por cumplir de Mancuso, también llegan los mensajes de esperanza para las víctimas de las AUC y de las Fuerzas Militares de Colombia, quienes ven en la llegada del ahora gestor de paz un paso para avanzar en el esclarecimiento de la verdad y la recuperación de los cadáveres de sus seres queridos.

“Nosotros como víctimas conocíamos todo lo que él ha venido diciendo, pero antes había otras condiciones y no se le daba importancia a lo que decía”, señaló Carmelo Agamez, miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en el territorio de Montes de María, en diálogo con El Espectador.