Pasaportes: José Antonio Salazar llamó a Álvaro Leyva después de revivir la licitación, esto le dijo

El 26 de febrero, el ex secretario General de la Cancillería echó para atrás la decisión que le costó Álvaro Leyva la suspensión de su cargo como ministro de Relaciones Exteriores y adjudicó, sin tener las facultades para hacerlo, según el canciller encargado Luis Gilberto Murillo, la licitación para la elaboración de los pasaportes en Colombia a Thomas Greg & Sons, que había sido declarada desierta por Leyva, siguiéndolas órdenes del presidente Gustavo Petro.

Ese mismo día, el presidente, en X, sostuvo que fue traicionado, ordenó la salida de Salazar del Ministerio de Relaciones Exteriores y lo declaró insubsistente. Sin embargo, el canciller (e) Murillo, el 27 de febrero, advirtió que el hoy ex secretario General de la Cancillería había sido notificado que saldría de su cargo el 22 de febrero. En todo caso, la suerte del funcionario estaba echada, por lo que, el 26 de febrero, por la mañana, llamó a Leyva para comentarle la decisión que tomó sobre la licitación.

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Salazar habló con Semana y entregó detalles sobre esta conversación, advirtiendo que no sabe si el canciller suspendido estará o no molesto, pero que él cumplió con su deber y responsabilidad legal: “Yo no sé si estará molesto. Yo hablé con el doctor Álvaro Leyva este lunes 26 de febrero, fue algo breve. Cumplí con el deber. Es mi responsabilidad legal”.

Según la versión de Salazar, pues Leyva no se ha pronunciado, el funcionario, que está suspendido por tres meses y enfrentando un proceso disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación, le reprochó que no le hubiera consultado lo que tenía pensado hacer: “El doctor Álvaro Leyva me dijo: «Se supone que usted es el secretario general que yo designé. Debió haberme dicho antes lo que iba a hacer»”.

Enseguida, Salazar dice que le contestó diciendo que tenía que solucionar ese problema y que se encerró varios días para estudiar qué hacer: “No le dije antes, porque el problema se me seguía volviendo insoluble. Tenía la obligación, el deber de resolverlo. Por eso, me encerré en mi casa a trabajar cuatro días, a estudiar con el conocimiento jurídico que tengo y tomé las decisiones”.

Hasta ahí fue la conversación, claro, según lo que le dijo Salazar a Semana, que consultó a una fuente cercana a Leyva para saber si había algún resquemor entre ambos, pues su amistad es de vieja data. Esto habría dicho la persona cercan a al canciller suspendido: “No hay ninguna enemistad, lo que hay son interpretaciones jurídicas diferentes, nada más”.

Una vieja amistad

Según le contó el mismo Salazar a Semana, su relación con Leyva se remonta a 1978, durante la campaña presidencial de Belisario Betancourt, son amigos y lo ha asesorado en “algunos temas”: “El doctor Álvaro Leyva me conoce desde 1978, desde la campaña del presidente Betancourt. He estado prestándole asesorías en algunos temas. Somos amigos”.

Luego de Salazar adjudicara la licitación a Thomas Greg & Sons, el exfuncionario solicitó al Ministerio Público levantar la suspensión a su viejo amigo, toda vez que el hecho que en el que se funda la decisión de la Procuraduría se habría echado para atrás: “Es la obligación mía, se produce un documento, la Procuraduría debe y puede conocerlo. Yo, desde un comienzo, cuando inició la licitación que adelanté, comuniqué a los órganos de control y ellos hicieron el acompañamiento a todo el proceso. Estuvieron presentes”.

Sin embargo, el canciller (e) Murillo, el 27 de febrero, en un video publicado por la Cancillería, en X, advirtió que “el secretario General no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el canciller Álvaro Leyva Durán, él declaró desierto el anterior proceso licitatorio LP 001 de 2023″.

Recalcó que Salazar “ha reconocido que sus actuaciones fueron inconsultas y, por tanto, contrarias a las instrucciones del canciller encargado”, para después aclarar cómo se dio la salida del exfuncionario de la Cancillería. También reparó en este ya sabía de su salida y anunció que se está examinando la actuación del exsecretario General de la Cancillería.

“El 26 de febrero el secretario General fue removido del cargo y desde el 22 de febrero sabía de su retiro, se está examinando con rigor su actuación al asumir una competencia retroactiva y al intentar llevar a cabo la celebración de un contrato por $599.000 millones, sin contar con el respaldo presupuestal necesario”, advirtió Murillo.