Nuevos datos sobre la extorsión al canciller Álvaro Leyva: ni la Dijín ni el Gaula pagaron millonaria suma

Vuelve a sonar el caso de la presunta extorsión de la que el canciller Álvaro Leyva habría sido víctima, ya que la Contraloría informó que no existen pruebas de tal chantaje al canciller suspendido, ni se ha determinado el origen de los fondos utilizados para afrontar dichos chantajes.

Esta revelación se dio a conocer a través de un reporte emitido por el periodista Daniel Coronell, que también expuso la falta de evidencias sobre el pago de 30 millones de pesos a un supuesto extorsionista, identificado como Edward Soto, que presuntamente prometió documentos incriminatorios contra la empresa Thomas Greg, además de no divulgar que se estaba “comprando” evidencia a través de la aparente extorsión.

Además se conoció que las entidades avaladas para hacer este tipo de pagos aseguraron no haberlos hecho.

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“La Contraloría General de la República no ha encontrado evidencia sobre la supuesta extorsión efectuada al suspendido canciller Álvaro Leyva, ni sobre el origen de los fondos con los que pagaron al chantajista. Las labores de Policía Judicial efectuadas por la Contraloría General de la República determinaron que no salieron de las arcas del Ministerio de Relaciones Exteriores los 30 millones de pesos que supuestamente pagó el canciller”, dijo el periodista en la apertura de su programa Reporte Coronell.

Según lo revelado por Semana en chats previamente difundidos, Leyva Durán habría realizado este pago bajo autorización; pero la investigación de la Contraloría, específicamente en un informe elaborado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), resaltó que no hay registros de que estos recursos hayan sido desembolsados por la Cancillería.

En esas, como destacó Coronell, a través de una entrevista a José Antonio Salazar que apareció en un informe de los investigadores judiciales de la Diari, se concluyó que Salazar “no tenía conocimiento” sobre los pagos ni sobre la entidad que los realizó, además de afirmar que podía “garantizar que en la Cancillería no se utilizaron recursos humanos ni financieros”.

Ni la Dijín, ni el Gaula hicieron el pago de la extorsión, según Daniel Coronell

Fue entonces cuando se dio a conocer que además de la Cancillería, ni la Dijín, ni el Gaula realizaron el pago de la coerción. “Terminando el reporte, tuve ocasión de hablar con una alta fuente de la Policía Nacional, relacionada con este tema del pago al supuesto extorsionista del doctor Álvaro Leyva Durán. Esa fuente me dice que hay dos entidades dentro de la Policía Nacional que pueden efectuar pagos con cargo a gastos reservados: son la Dijín y el Gaula. Las dos confirman que no efectuaron el pago de 30 millones de pesos de los que habla el doctor Leyva Durán”, reveló Coronell en entrevista con la W Radio.

Y añadió: “Así las cosas, y teniendo en cuenta que la Ley de Inteligencia establece que solo unas entidades pueden efectuar gastos reservados, nos quedaría faltando únicamente la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)”. A su vez, Coronell acudió a una fuente de esta institución para consultar sobre el pago, y esta le respondió que, en vista de que era una pregunta off the record (a micrófono cerrado), «los gastos reservados propios de las tareas de inteligencia se caracterizan por tener el principio de a confidencialidad» Es decir, como el oráculo de Delfos, ni afirma ni niega, pero deja pensar cosas. Esto no se puede hacer sin el permiso de un fiscal”, dijo el periodista.

En esa medida, según la investigación del director de la revista Cambio, fuentes de la Fiscalía le indicaron que el canciller Leyva solo había acudido al ente de control para “informar” sobre la situación, “cuando había efectuado el paso. Es decir, ese pago se efectuó sin un compromiso, sin una autorización de la Fiscalía”.

Las dudas sobre la extorsión

Cabe mencionar que en una entrevista con el medio radial, Edward Soto, puntualizó un posible “montaje” por parte de Leyva.

De acuerdo a lo reportado, la persona acusada del aparente chantaje sostuvo en entrevista que fue contratada por un allegado a Leyva para simular una extorsión, con el objetivo de generar un escándalo mediático sin intenciones de proceder legalmente.

La persona también indicó que ha buscado ponerse en contacto con la Fiscalía para exponer su versión de los hechos, bajo el argumento haber sido engañado por el Canciller y su entorno respecto a los verdaderos objetivos del plan.

“Quiero que sepa que lo del canciller es una autoextorsión, Soy uno de los que fue contratado por una persona cercana a él para fabricar la trama y que el escándalo saliera a los medios, pero lo que nos indigna es que nunca nos informó que iba a poner denuncias, solo que generaría un escándalo mediático. Para eso nos contrató y nos pagó un dinero aparte, incluso, del que supuestamente depositó en la cuenta Bancolombia”, relató en el portal periodístico.