
Más de 25 años después, la justicia determinó a los responsables del homicidio de Juan Bautista Agudelo López, concejal de Pueblo Rico, Risaralda. Su muerte fue ordenada por quienes ahora se encuentran liderando el proceso de paz del ELN con el Gobierno nacional.
Un juez penal del Circuito de Apia, Risaralda, sentenció a altos miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), incluyendo a su exlíder Nicolás Rodríguez Bautista, conocido como Gabino, a 28 años de prisión por el homicidio de un concejal en 1998.
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Además de Gabino, Eliécer Chamorro, alias Antonio García, Rafael Sierra, alias Ramiro Vargas e Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, fueron encontrados responsables de este crimen, demostrando su implicación directa en el asesinato de Juan Bautista Agudelo López, concejal de Pueblo Rico.
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El 30 de noviembre de 1998, Agudelo López fue emboscado y ultimado con armas de fuego después de negarse a dimitir de su cargo, siguiendo una orden del ELN. El ataque fue orquestado por el frente Cacique Calarcá, que actuó bajo las directrices de los ahora condenados líderes de la guerrilla.
Antes del fatal encuentro, el concejal había recibido amenazas del grupo armado, llevándolo a una escuela rural donde fue perpetrado el asesinato. Agudelo llegó allí tras haber recibido una citación por parte de la guerrilla, pero allí lo pusieron en indefensión para luego causarle la muerte.
García es el actual comandante del ELN, posición en la que sucedió a alias Gabino, quien se desempeña como asesor de la delegación de paz de la guerrilla y permanece en Cuba. Beltrán, por su parte, es el líder de los delegados en la negociación con el Gobierno nacional.
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En cuanto a alias Ramiro Vargas Mejía, quien era identificado como Rafael Sierra Granados, estaría muerto desde el 2021, de acuerdo con El Colombiano. Sin embargo, la guerrilla no hizo público el deceso, que se habría producido por causas naturales, de uno de los más antiguos miembros de la guerrilla y que hizo parte del Comando Central.
Sierra Granados fue también delegado en varias conversaciones de paz con el Gobierno de Colombia, tanto en el Gobierno de Andrés Pastrana, como en el de Juan Manuel Santos. Debido a la ruptura de esta última mesa bajo la presidencia de Iván Duque, habría sido uno de los insurgentes que se quedaron en Cuba.
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Al Comando Central del ELN, que es la máxima instancia de la organización guerrillera, le han sido atribuidos más de 16.000 crímenes por parte de la Fiscalía colombiana, que incluyen homicidios, secuestros y acciones terroristas, extendiendo un historial de violencia en Colombia que abarca varias décadas.
Un recuento de las acusaciones más graves incluye el asesinato de 126 mujeres entre 1981 y 2014 en Arauca, Boyacá y Casanare, el homicidio del Senador Jorge Cristo Sahium en 1997, el secuestro y muerte de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, obispo de Arauca en 1989, así como la captura de 70 personas en el Valle del Cauca en el 2000 y 10 funcionarios de la Fiscalía entre 1997 y 2004 en el Cesar.
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Además, se les señala por la captura de 31 extranjeros y la instalación de 520 minas antipersona, junto con la destrucción de infraestructura energética hasta el 2014. Las víctimas de estas atrocidades por parte del ELN abarcan un amplio espectro de la sociedad colombiana, desde servidores públicos y líderes políticos hasta civiles y ciudadanos extranjeros, evidenciando un patrón de violencia que ha perturbado la paz y estabilidad en varias regiones del país.
Estos hechos toman relevancia ante las conversaciones de paz que adelanta el Gobierno con esa organización guerrillera, en la que se deberán definir los mecanismos de justicia y reparación a las víctimas.
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