Denuncian irregularidades en contrato de la Secretaría de Movilidad de Cali con Cadv en administración de exalcalde Jorge Iván Ospina

El exalcalde Jorge Iván Ospina fue señalado por la concejala Ana Erazo del Pacto Histórico, por presuntamente haber renovado de manera irregular un contrato con el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle (Cdav), extendiéndolo hasta el año 2033.

Este acuerdo, inicialmente pactado para finalizar en noviembre de 2023, otorga al Cdav la gestión de los cobros de la Secretaría de Movilidad de Cali por un periodo total de 33 años, desde su firma original en 1999. La denuncia se hizo pública durante una sesión reciente del Concejo de Cali.

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La extensión de este contrato implica una división de ingresos en la que el 34% queda en manos del sector privado representado por el Cdav, y el 60% restante se asigna al Distrito. Erazo criticó este arreglo, señalando la falta de transparencia y de un proceso público que justifique tal decisión.

“El exalcalde Ospina sin decirle a nadie sino que dentro de sus acciones vuelve y le da extensión a este contrato hasta 2033, o sea 33 años al Cdav que es un espacio en el cual, incluso, la Secretaría también se ha quejado y que hay que decirlo mucha gente también lo ha hecho y que perdónenme pero creo que es una función que debería tener directamente la Secretaría de Movilidad”, dijo la concejala Ana Erazo.

Así mismo indicó que se debe poner la lupa al momento de revisar este tipo de contratos para “mirar cómo ampliamos las licitaciones para este tipo de centros de diagnóstico automotor”.

Además, resaltó la preocupación por la eficacia y la justicia en la recaudación de fotomultas, un sistema también cuestionado por la ciudadanía. Hasta la fecha, Jorge Iván Ospina no ha ofrecido declaraciones al respecto.

“Un elemento clave sobre el tema de las fotomultas, que además el señor Adad fue el que nos trajo a nuestra ciudad el tema de las fotomultas y que muchos de los ciudadanos tienen muchas quejas también por el tema de las fotomultas, pues es el negocio que también va directamente al privado, y que efectivamente pues nosotros como distrito pues no estamos obteniendo muchas de esas ganancias que se tienen incluso hasta con ese negocio”, denunció la concejala del Pacto Histórico.

Y agregó que: “Para muchos caleños y caleñas, la fotomulta no es más que un negocio y por eso incluso fue una de las primeras acciones en el marco del estallido social que muchos de los ciudadanos fueran directamente en contra de esas fotomultas”.

Esta situación ha generado alarma entre la población caleña, ya que esto sugiere una posible falta de rendición de cuentas y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. La concejala Erazo argumentó que operaciones como estas deberían estar más controladas por entidades gubernamentales y sometidas a procesos de licitación más abiertos para garantizar la competencia y la transparencia en beneficio de la ciudadanía.

La falta de respuesta de la Contraloría Cali y la Personería Cali frente a este proceso fue también motivo de crítica por parte de la concejala, quien lo señaló como un indicativo de la indiferencia ante situaciones que comprometen el patrimonio público y el bienestar general.

La denuncia sobre esta extensión de contrato sin un debido proceso y la falta de comunicación transparente es un asunto que pone de manifiesto la necesidad de una mayor vigilancia y rendición de cuentas en la gestión de los contratos públicos.

El caso abre un debate sobre la eficiencia y transparencia en la administración de los recursos y servicios en la Secretaría de Movilidad, así como sobre las prácticas que pueden afectar directamente a los ciudadanos de Cali.