
Es normal que los gobernantes, locales o nacionales, destinen importantes recursos a la publicidad para dar a conocer los logros de sus mandatos, impulsar sus políticas o informar a la ciudadanía, también hay quienes, a costillas del erario, para posicionarse en la opinión pública, pues ven sus cargos un trampolín para una aspiración superior.
Durante el último cuatrienio, de acuerdo con cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa, 29 gobernaciones y 34 alcaldías gastaron $656.084 millones en pauta. Solo los alcaldes, de la muestra escogida por la Flip, se gastaron $498.465 millones, de estos, casi $400.000 millones los gastaron los mandatarios de las cuatro ciudades más grandes del país.
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El escalafón derrochón lo lidera el exalcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo con un gasto en pauta de $128.975 millones. Es seguido por el exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina ($110.181 millones), la exalcaldesa de Bogotá Claudia López ($84.172 millones), el exalcalde de Medellín Daniel Quintero ($75.780 millones), el exalcalde de Pereira Carlos Alberto Maya cierra el top cinco con un gasto de $20.219 millones. Entre los cinco se gastaron $419.327 millones.
En el caso de los gobernadores, el gasto de los mandatarios que terminaron su periodo el 31 de diciembre de 2023 fue de $158.338 millones. El listado lo lidera la exgoberandora del Valle Clara Luz Roldán con $34.454 millones, seguida por el exgobernador de Cundinamarca Nicolás García ($17.766 millones), el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria ($17.067 millones), el exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo ($14.906 millones) y cerrando el top cinco está el exgobernador de Caldas Luis Carlos Velásquez ($14.245 millones). Entre los cinco se gastaron $98.438 millones.
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Pauta oficial, una mordaza para la libertad de prensa
Desde la Flip advierten en muchos casos la pauta es una herramienta de los gobiernos locales para coartar el libre ejercicio del periodismo en las regiones, pues muchos medios locales dependen de la pauta oficial para sobrevivir en un ecosistema de medios cada vez más amplio.
Esto lo demostrarían los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Libertad de Expresión y Acceso a la Información, publicada por Cifras y Conceptos a finales de abril de 2023, en la que el 44% de las 585 personas encuestadas afirmó que conocía a algún medio en su departamento que había dejado de publicar por miedo a perder la pauta publicitaria.
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Además, subrayan que el 48% de los encuestados supo de casos de periodistas que modificaron su posición editorial a cambio de un contrato por publicidad oficial. La presión económica, consecuencia de la dependencia de la pauta oficial, es uno de los mayores factores de censura en el país.

César Paredes, subdirector programático de la Flip, según lo citan en Blu Radio, reparó en que “el uso que hacen las administraciones públicas de esos recursos carece de reglas de juego claras, lo que permite premiar a periodistas afines y excluir a los más pequeños críticos o independientes”.
También señalan, desde la Flip, que es urgente abrir el debate sobre los controles, el desarrollo normativo sobre la pauta oficial y el impacto que estos recursos tienen en la economía y sostenimiento de los medios locales.
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“El uso indebido de la publicidad oficial impacta derechos clave como la libertad de expresión, el pluralismo informativo y el control político en el ámbito local y regional. Es por eso que las y los gobernantes que estrenan administración tienen en sus manos una importante responsabilidad”, apuntaron desde la Fundación para la Libertad de Prensa.
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