Juez ordenó cárcel para agente de la Sijín vinculado con las chuzadas contra Marelbys Meza

Al subintendente Fredy Alexánder Gómez Bustamante y el civil Rafael Ricardo Santos Fuentes se les terminó la libertad que obtuvieron por vencimiento de términos, luego de ser formalmente acusados de presuntamente facilitar las interceptaciones ilegales en contra de Marelbys Meza.

Gómez y Santos habían quedado en libertad en noviembre de 2023, luego de que un juez considerara que se habían vencido los términos de 60 días, a partir del momento de la captura, sin que la Fiscalía presentara el escrito de acusación para iniciar el juicio.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

El ente acusador había apelado esa decisión que tomó un juzgado con funciones de control de garantías en Bogotá. La decisión de segunda instancia la asumió el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá que, tras analizar el caso, ordenó revocar la libertad para ambos procesados.

Con ese fallo, la Fiscalía expidió nuevamente las órdenes de captura en contra del subintendente Gómez, adscrito a la Sijín, y de Santos, para que vuelvan a permanecer privados de la libertad en un centro carcelario, mientras avanza el juicio en su contra.

El Juzgado, de acuerdo con El Espectador, señaló que al haber inferencia razonable de autoría en los hechos atribuidos por la Fiscalía, se puede ordenar la privación de la libertad. Además, para el ente acusador, persisten los motivos por los que había expedido la captura en contra de ambos, por lo que debían ser enviados a prisión nuevamente.

La revocatoria se produce, además, cuatro días después del 9 de febrero de 2024, cuando la Fiscalía acusó a ambas personas por el delito de fraude procesal por presuntamente haber inducido a error a fiscales para intervenir las líneas telefónicas de Meza y un amigo.

El ente acusador señala a Gómez Bustamante y Santos Fuentes de haber presuntamente fingido un intercambio de información, con el cual se habría producido un informe de policía judicial que le fue entregado a la fiscal que llevaba la investigación del hurto de una alta suma de dinero de la casa de Laura Sarabia, entonces jefa de Gabinete. Con ese documento, la funcionaria ordenó la interceptación de dos teléfonos entre los que estaba el de Meza.

Según la acusación, la Fiscalía asegura tener varias pruebas para demostrar varias falsedades. La primera de ellas es que el policía de la Sijín no tuvo ningún encuentro a principios de febrero de 2023 con una fuente no formal, que sería Santos Fuentes, para obtener información sobre el paradero del dinero hurtado.

Por ese hecho, para la Fiscalía tampoco resulta cierto el informe de policía judicial que habrían producido los también miembros de la Sijín, el intendente Alfonso Quinchanegua y el patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas, que recibió una fiscal de la Seccional Bogotá y que fue el sustento para ordenar la interceptación del teléfono de la entonces niñera de Laura Sarabia.

“Para la Fiscalía, estas personas actuaron en común acuerdo y suministraron declaraciones espurias con las que pretendieron inducir en error a funcionarios judiciales, en relación con las circunstancias que conllevaron a la orden de interceptación telefónica sobre los teléfonos que usaban Marelbys Meza y a un amigo de ella”, señaló el ente acusador.

Sin embargo, para ese momento el teléfono de la empleada doméstica de la jefa de Gabinete de la Presidencia ya estaba intervenido. Desde la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales en Chocó se había chuzado la línea por una supuesta fuente que aportó el número atribuyéndoselo a un colaborador de bandas delincuenciales.

El objetivo de Gómez Bustamante y Santos Fuentes, según la Fiscalía, era desviar la investigación que se seguía en contra de otros miembros de la Policía Judicial, a través de las declaraciones juramentadas que rindieron ante una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, aparentemente para revestir de legalidad la interceptación.