Cárcel para sargento por estafar a quienes aspiraban a ser soldados profesionales

Un juez de control de garantías dictó una orden de prisión preventiva contra el sargento primero Alberto Murillo Supelano de la Fuerza Pública, acusado de perpetrar repetidos actos de concusión. Esta medida responde a la petición hecha por la Fiscalía General Penal Militar y Policial, que presentó evidencias sustanciales de malversación de fondos por parte del suboficial. Murillo Supelano, que desempeñaba sus funciones en el Comité de Incorporación del Batallón de Selva No. 52 “Coronel José Dolores Solano”, ubicado en Carurú-Vaupés, es sospechoso de exigir más de 700.000 pesos colombianos a aquellos que aspiraban a convertirse en soldados profesionales a cambio de asegurarles una plaza durante la fase de preselección.

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Los hechos punibles que se atribuyen a Murillo Supelano han desatado preocupaciones sobre la integridad y transparencia dentro del proceso de selección del personal de las Fuerzas Armadas en Colombia. De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía, esta práctica no solo comprometió la legalidad y equidad del proceso, además puso en entredicho los principios éticos que deben regir en la institución. La cantidad exigida por el sargento primero a los aspirantes subraya la gravedad de las acusaciones y pone de relieve los desafíos que enfrenta el sistema de justicia en su esfuerzo por mantener un entorno militar libre de corrupción.

Engañó a siete soldados regulares

El oficial del Ejército Nacional fue investigado por la Justicia Penal Militar, tras ser acusado de engañar a siete soldados regulares entre junio y agosto de 2023. El uniformado les habría hecho creer erróneamente que no reunían las condiciones físicas necesarias para incorporarse a la Escuela de Soldados Profesionales, debido a supuestos resultados adversos en sus exámenes de columna.

La indagación reveló que este acto de engaño se produjo en un contexto donde los soldados aspiraban a continuar su carrera militar y profesionalizarse dentro de la institución. La maniobra del oficial implicado cuestiona la integridad y los procesos de selección internos del Ejército Nacional, poniendo en relieve la importancia de la transparencia y la rectitud en la evaluación de los candidatos a la profesionalización.

El caso prosigue bajo exhaustiva revisión por parte de la autoridad competente, mientras se espera esclarecer las intenciones y consecuencias de las acciones del oficial investigado. Este episodio pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control en las instituciones, así como de fomentar una cultura de honestidad y responsabilidad entre sus miembros.

El caso se suma a una serie de incidentes que han generado debate público sobre la corrupción dentro de las instituciones estatales colombianas. La atención está puesta en las medidas que la Fiscalía General Penal Militar y Policial y otros organismos competentes tomarán para asegurar la rendición de cuentas y la justicia en este asunto. La decisión del juez de imponer una medida de aseguramiento preventivo refleja la seriedad con que se están tomando estas alegaciones y sirve como un recordatorio de la importancia de la integridad en todos los niveles del servicio público.

Qué es el delito de concusión

El delito conocido como concusión tiene que ver con el comportamiento inadecuado de un servidor público que abusa de su cargo y sus funciones para exigir, de manera arbitraria, dinero a cambio de realizar sus obligaciones laborales. También se considera cuando el servidor pide que se dé un pago mayor al establecido por realizar su trabajo.

El artículo 404 del Código Penal dice que: “El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos o los solicite, incurrirá en prisión”.

Con lo anterior, la ley dicta que la pena a pagar es de 6 hasta 10 años, una multa entre 50 y 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilitación para ejercer funciones públicas entre 5 y 8 años. Se debe tener presente que la concusión no se debe confundir con el peculado, en el cual el servidor público se apropia de bienes del Estado o de recursos públicos.

Sin embargo, en este caso, como el sargento se juzga por Justicia Penal Militar, habría que esperar para ver cuál es la decisión final del juzgado.