Viceprocurador arremetió contra Gustavo Petro y Álvaro Leyva por violar suspensión: “Sienta un nefasto precedente”

El viceprocurador General de la Nación, Silvano Gómez Strauch, acusó el jueves 1 de febrero al presidente de la República, Gustavo Petro, y al canciller Álvaro Leyva Durán, de desacatar una decisión de la sala disciplinaria de instrucción, por lo que —según él— compromete los principios del Estado de Derecho, así como la integridad de la Constitución y de la ley. Esta actitud, recalcó, marca sin duda un precedente perjudicial que amenaza la estabilidad institucional del país.

En el concepto de Gómez Strauch, que se pronunció a través de los canales oficiales de la entidad, el marco constitucional colombiano fija un mandato claro sobre cómo debe funcionar el Estado y cómo se deben nombrar sus autoridades y entes reguladores. Los mismos, al actuar en nombre de la ciudadanía, tienen la obligación —a juicio del viceprocurador— de respetar y hacer respetar la Carta Magna y las leyes vigentes.

“El abierto desacato del canciller y del presidente de la República de la decisión de la Procuraduría General de la Nación, atenta contra el Estado de derecho, la Constitución y la ley, y sienta un nefasto precedente que pone en riesgo la estabilidad institucional”, enfatizó el funcionario, que se pronunció en contra de la conducta del referido ministro, que pese a que fue apartado de cargo el 24 de enero continuó ejerciendo en su cargo y firmó múltiples decretos.

No se cumple con lo dispuesto en la Constitución, según el viceprocurador

Para el funcionario del ente disciplinario, la Constitución Política establece un marco imperativo que rige la estructura del Estado y la designación de sus autoridades y órganos de control. “Por lo tanto, estas, actuando en representación de los ciudadanos, tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la Carta Política y las leyes, pues ese es el fundamento sobre el cual descansa el Estado de Derecho”, indicó.

Y destacó esta clase de actitudes y de desconocer la autonomía de entes como la Procuraduría, debilitan los cimientos de la Constitución y ponen en duda la legitimidad de su autoridad, al caer en prácticas arbitrarias que merman, según afirmó, el orden jurídico establecido desde 1991. En otras palabras, desconocen la competencia de la entidad de disciplinar a quienes sirvan para el país desde el sector público y, aun así, no cumplan con lo dispuesto en la ley.

Al respecto, el representante de la Procuraduría General de la Nación enfatizó su rol como defensor del orden jurídico del país y del cumplimiento de la ley por parte de todos los servidores públicos. Del mismo modo, el funcionario, en representación a la sociedad colombiana, insistió en la importancia de seguir las decisiones emitidas por los órganos de control, lo anterior, “como garantía de la protección de la estructura legal y constitucional de la nación”.

A su turno, desde el Ministerio Público recordaron que el desacato de altos cargos gubernamentales a las decisiones disciplinarias hace que aumente la creciente tensión entre diferentes ramas del Gobierno y los órganos de vigilancia y control, y —asimismo— plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de control y el equilibrio de poderes en el país. Una situación catalogada como delicada por parte de Gómez Strauch.

En el boletín 056 de 2024, el Ministerio Público hizo énfasis en los argumentos encontrados por la Sala Disciplinaria de Instrucción, en el sentido que el canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de forma provisional como gravísimas cometidas a título de dolo.

La primera, al declarar desierta la licitación 001 de 2023, en la que debía adjudicarse la licitación por cerca de $599.000 millones, al parecer “sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”. Y la segunda, en tanto, por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual, sin que existieran causales para tal fin.