En Segovia, la confrontación entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, aliadas al ELN, ha sumido a comunidades en una crisis humanitaria. Además de los desplazamientos, campesinos de veredas como El Aguacate, Arenales y Rancho Quemado enfrentan un confinamiento extremo debido a la lucha por el control territorial.
Fernando Quijano, analista del conflicto armado, citado por la emisora Blu Radio, alerta sobre la gravedad de la situación. Indica que los grupos involucrados estarían considerando como objetivos militares a aquellos que intenten abandonar el territorio. Las tácticas utilizadas por estos grupos van desde golpizas hasta amenazas, infligiendo torturas tanto psicológicas como materiales.
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El alcalde de Segovia, Edwin Castañeda, ha elevado un llamado urgente al Gobierno. En una declaración, expresó la necesidad de redoblar la presencia de la fuerza pública para hacer frente a esta crisis que afecta a las comunidades desde hace meses.
“Acordamos oficiar al Gobierno Nacional y al gobierno departamental, informando y solicitando apoyo para enfrentar esta situación que nuestras comunidades han padecido por tanto tiempo”, anunció el alcalde, subrayando la urgencia de la respuesta gubernamental.
Quijano añadió a sus denuncias el hecho de que los grupos armados estarían bloqueando el ingreso de gas y gasolina a algunos territorios, agravando la crisis humanitaria. Esta medida restrictiva no solo afecta la movilidad de la población sino que también tiene un impacto directo en las condiciones de vida, con consecuencias serias para la salud y la calidad de vida de los habitantes de la región.
La comunidad, atrapada en medio de esta disputa violenta, clama por ayuda. La intervención gubernamental se presenta como la única salida viable para restablecer la seguridad y el bienestar en estas zonas afectadas.
Grupos armados se expandieron en 300 municipios
La expansión de grupos armados ilegales en Colombia ha aumentado en un 36%, afectando a 253 municipios durante el periodo 2023, en el contexto de la estrategia de “paz total” promovida por el presidente Gustavo Petro. Este crecimiento ha sido subrayado en un informe reciente del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, destacando la fortificación de dichas estructuras delictivas en el país.
La consolidación de estos actores armados ha sido particularmente notable en el caso del Clan del Golfo, el cual amplió significativamente su presencia de 392 municipios en 24 departamentos durante el último año. Dicha expansión se ha visto acompañada por un incremento en actividades ilícitas como el tráfico de drogas y la explotación ilegal de minerales. Las disidencias de las FARC, específicamente el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, también han mostrado un crecimiento en su influencia, alcanzando a 299 poblaciones en 19 y 15 departamentos respectivamente. Por otro lado, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a pesar de estar involucrado en diálogos de paz con el gobierno, ha incrementado su presencia en 231 municipios de 19 departamentos.
Según el informe de la Defensoría del Pueblo, apenas un 1% de los 205 informes de seguimiento han concluido que los riesgos fueron mitigados, mientras que el 65% de los escenarios han empeorado y en el 32% de ellos el riesgo persiste.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha hecho un llamado a las entidades gubernamentales para que actúen de manera proactiva y preventiva ante el aumento de vulneraciones a los derechos humanos por parte de estas organizaciones.
Asimismo, ha solicitado al ejecutivo nacional no solo reforzar la seguridad en los territorios afectados sino también garantizar la protección de los civiles en medio de cualquier negociación con los grupos armados, destacando que estos deben cumplir lo pactado para avanzar hacia la paz.
Este aumento en la presencia y fortalecimiento de grupos armados ilegales pone en jaque los esfuerzos de pacificación del gobierno y resalta la importancia de una estrategia integral que incluya compromiso y acción efectiva para proteger a la población civil y asegurar el respeto a los derechos humanos en el país.
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