Pese a las alertas que emitió el Gobierno nacional ante la llegada del fenómeno de El Niño y los estragos que podría producir en el país, se siguen conociendo faltas de gestión para atender la emergencia. Unos 18 vehículos de socorro que serían claves para atender los estragos causados por incendios estarían sin poder utilizarse por trámites administrativos.
La Procuraduría le envió una carta al Ministerio del Interior para insistirle en que cite una sesión de la Junta Nacional de Bomberos porque considera que “es imperioso tomar acciones inmediatas y contundentes para aumentar las capacidades de los cuerpos de socorro”, debido a la situación de incendios en el país.
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Según señaló la procuradora delegada preventiva para la gestión y la gobernanza territorial, Tatiana Margarita Oñate, para el 15 de enero, cuando se hizo el primer llamado para adoptar medidas ante la emergencia, se registraban 12 incendios activos. Ahora, en la fecha de la nueva comunicación, hace 21, por lo que para la funcionaria es necesario acelerar la toma de decisiones.
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Entre las acciones que solicita la Procuraduría, se cuenta la entrega de 18 vehículos de socorro que fueron adquiridos, pero que no han podido ser entregados a los cuerpos de bomberos porque no se ha hecho diligentemente la gestión administrativa.
Por eso, el Ministerio Público solicitó que se concrete como mínimo “la entrega de 18 vehículos de socorro que fueron adquiridos en la vigencia 2023 y que ya cuentan con una regionalización proyectada por parte de la Dirección Nacional de Bomberos, pero que no han podido ser entregados por trámites administrativos presuntamente a cargo del Ministerio del Interior”, dice la comunicación.
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En la misiva, la procuradora delegada advierte de un posible desorden al interior de las entidades encargadas. “Los exhortamos para que, independientemente de los cambios administrativos que se puedan llegar a dar en sus instituciones y teniendo en cuenta que es una problemática estructural, de manera coordinada, inmediata y célere, se definan responsables, hoja de ruta con fechas y acciones proyectadas para adelantarse en el corto plazo, así como contar con mecanismos idóneos para hacer seguimiento a las actuaciones concomitantes y posteriores que sean necesarias”, se lee en el documento.
El ente disciplinario también solicitó que en la Junta Nacional se discuta y apruebe el presupuesto de inversión 2024 del Fondo Nacional de Bomberos para garantizar que los cuerpos de socorro cuenten con los recursos necesarios ante la situación climática que vive el país.
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Además, la procuradora delegada propuso considerar “la posibilidad de incrementar el presupuesto de inversión para la vigencia 2024, a partir de la coyuntura climática y estadísticas de emergencias en el corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de fortalecer dicho presupuesto. Esto, teniendo en cuenta las denuncias presentadas por algunos cuerpos de bomberos frente a la disminución de recursos del Fondo Nacional para el presente año”.
El Gobierno nacional habría citado la sesión de la Junta Nacional para el 31 de enero. Justamente para esa fecha también se ha programado un “sirenazo” por los bomberos como una protesta por parte de los miembros de estos organismos en diferentes partes del país para reclamar la atención del Estado a sus condiciones laborales.
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El ministro Luis Fernando Velasco se reunió el 30 de enero con delegados departamentales de los cuerpos de bomberos para escuchar sus reclamos y necesidades, que llevó a suspender la manifestación. Se comprometieron a realizar una mesa técnica para definir compromisos y subsanar la deuda de 10 años con los cuerpos de bomberos.
La Procuraduría advirtió que los incendios forestales activos para la última semana de enero se encontraban en los departamentos de Cundinamarca, Vichada, Antioquia, Santander, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, así como en Bogotá. Señalaron que era necesaria la disponibilidad presupuestal para atender esas emergencias.
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