Estado colombiano reconoció ante la CIDH responsabilidad en la desaparición de dos personas

Las familias de Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Mireya Bogotá llevan 29 años en la espera de información sobre su paradero y de los responsables de su desaparición. En medio de la demora de la justicia, el Estado colombiano decidió reconocer su responsabilidad por no haber investigado los hechos y se comprometió a cumplir con la reparación de las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“En el caso concreto, el Estado de Colombia incumplió su obligación internacional de respetar y garantizar los derechos de las víctimas directas como consecuencia de la desaparición forzada ocurrida el 19 de mayo de 1995 y su deber de investigar con la debida diligencia estos lamentables hechos”, señaló la representante de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la audiencia pública del 30 de enero de 2024.

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Sobre las 10:48 de la mañana de ese día, en Cali, Valle del Cauca, Ubaté, de 22 años, y Bogotá se encontraban frente a la clínica Tequendama cuando fueron abordados por integrantes de la Policía Nacional y de la Unidad Antiextorsión y Secuestro (Unase). Ese fue la última vez que los vieron con vida.

Sandra Ubaté, hermana de John Ricardo, se enteró en la noche del día siguiente por una llamada anónima de lo que había ocurrido con su hermano. Desde la desaparición había tratado de ubicarlo, pero no logró obtener información por parte de ninguna persona.

“Recibí la llamada y me dijeron que por favor tuviera en cuenta la información porque solo me la iban a decir una vez. Me dijeron que mi hermano había sido secuestrado, porque esa fue la palabra que usaron, frente a las instalaciones de la clínica Tequendama, en un carro gris, junto con Gloria Bogotá”, narró Ubaté en la audiencia de la Corte IDH.

No sabían, como ahora, quien era la mujer que lo acompañaba, pero antes de que fueron obligados a abordar el vehículo, ambos gritaron a los cientos de testigos que se encontraban en el lugar sus nombres. Pero tras la desaparición lo único que quedó fue el silencio del temor.

Sandra abandonó su trabajo en el que estaba en periodo de prueba, el primero de su vida, sin dar aviso a nadie para tomar un avión a Cali y tratar de establecer lo que ocurrió con su hermano. “Mostraba la foto de mi hermano y la gente se espantaba, nadie quería hablar conmigo. Un obrero me pidió que no lo mirara y me dijo que el joven de la foto se lo habían llevado el 19 de mayo a las 10:48 de la mañana en plena vía pública”, narró en la audiencia.

Desde ese día se convirtió en una buscadora incansable, sin la ayuda del Estado, para tratar de perseguir la verdad y la justicia. También decidió emprender la búsqueda de Gloria, de quien no tenía ninguna información, y que describe como “un fantasma” hasta hace dos años en los que lograron ampliar los datos.

La Agencia Jurídica de Colombia decidió reconocer su responsabilidad por haber dejado solas a las familias. “Pese a que la investigación penal inició una vez ocurrieron los hechos, tuvo periodos de inactividad prolongados con posterioridad al 14 de octubre de 2005, cuando la Fiscalía suspendió las diligencias por la imposibilidad de identificar a los responsables, así lo manifestó el ente investigador”, señaló la representante.

John era un joven desmovilizado del EPL que había desarrollado un trabajo social en Siloé, una comunidad vulnerable de la capital vallecaucana. Él, junto a Gloria, habían adelantado denuncias por violaciones de derechos humanos que se habían presentado en el sector, cuando fueron desaparecidos.

“Este reconocimiento significa una dignificación de la memoria de las víctimas y el reconocimiento a la verdad que sus familiares han sostenido durante casi 30 años. Esperamos que haya un cumplimiento de la decisión que ordene finalmente la Corte IDH, así como de las medidas de reparación que se han pactado; principalmente, la sanción de los responsables y la búsqueda de Jhon Ricardo y de Gloria, que son los principales objetivos de la familia al acudir a instancias internacionales,” señaló Jomary Ortegón, vicepresidenta del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y representante de las víctimas ante la Corte IDH.