Agencia Jurídica del Estado cuestionó a la Procuraduría por sanciones disciplinarias y demandas contra el Estado

La directora de la Agencia Jurídica del Estado, Paula Robledo Silva, envió una carta a la Procuraduría General de la Nación en la que cuestionó las múltiples sanciones disciplinarias que ha interpuesto el ente de control.

En la misiva, de 13 páginas, la entidad señaló que ha recibido varias demandas, precisamente, por las sanciones impuestas por la Procuraduría, por lo que pidió aplicar el principio de proporcionalidad, es decir, que estas sean necesarias y proporcionales a la gravedad de las conductas investigadas o delitos cometidos.

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Así mismo, cuestionó que la entidad más demandada es la Procuraduría General de la Nación.

“Para llegar a esa conclusión, la Agencia estudió las entidades más demandadas por número de procesos en esta causa, dentro de las cuales se ubicó en segundo lugar la Procuraduría General de la Nación, con 1.510 procesos en total, dentro de los cuales se cuentan 549 activos. En la revisión de las sentencias (en procesos terminados) y de las demandas (en procesos activos) de los últimos tres años (2020-2023) se pudo establecer que una de las causas recurrentes en sentencias desfavorables y demandas activas hace referencia a la proporcionalidad en la imposición de sanciones disciplinarias”, dice el documento.

Por el concepto emitido por la Agencia Jurídica del Estado, la entidad pidió revisar el marco constitucional y legal de la facultad sancionatoria en materia disciplinaria.

Adicionalmente, el principio de oportunidad que se vaya a aplicar y las recomendaciones concretas para la imposición de sanciones disciplinarias con relación a dicho principio.

Algunas de estas son que la proporcionalidad implica que la sanción “no pierda su correlación o simetría con la gravedad de la conducta” y que la sanción “debe ser impuesta después de realizar una valoración de todos los elementos probatorios, con el fin de brindar seguridad jurídica al servidor público”.

La medida que pidió adoptar la Agencia Jurídica del Estado a la Procuraduría se dio tras la más reciente sanción impuesta al canciller Álvaro Leyva, que fue llamado a juicio y suspendido provisionalmente por las posibles irregularidades que se presentaron durante el proceso para la licitación de pasaportes.

La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que el canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas como gravísimas cometidas a título de dolo, la primera al declarar desierta la licitación 001 de 2023, sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal.

En segundo lugar, el organismo de control profirió cargos al ministro por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.

Sobre la decisión de la suspensión provisional, la Sala Disciplinaria sostuvo que la medida se tomó en aras de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y el que funge como director del nuevo proceso contractual que se adelanta para la gestión de pasaportes.

Cabe recordar que otra de las recientes decisiones relacionadas con funcionarios se registró al suspender al entonces director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo de Jesús López Martínez, por no allegar información sobre la reconstrucción de los municipios de Mocoa (Putumayo) y Piojó (Atlántico), donde se registraron dos avalanchas, en 2017 y 2022, respectivamente, que afectaron a cientos de personas.

La desatención de los municipios ante la emergencia tuvo como consecuencia que el ente de control solicitara información al respecto, pero el director no asistió a audiencias de seguimiento ni a un espacio de rendición de cuentas con la comunidad que la Contraloría convocó.