La educación obligatoria en Colombia podría ampliarse de 10 a 14 años y abarcar desde los 3 hasta los 17 años. La medida incluiría los tres grados de preescolar y la totalidad del bachillerato, siempre que el Proyecto de Acto Legislativo 228 de 2026 complete su trámite en el Congreso.
La iniciativa, denominada “De preescolar a Once”, que tiene como ponente al representante por Cundinamarca Daniel Bernal, ya superó su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
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La reforma propone modificar el artículo 67 de la Constitución para extender la garantía de educación obligatoria a niños y adolescentes entre los 3 y los 17 años. De aprobarse, el recorrido educativo obligatorio estaría conformado por tres grados de preescolar, nueve grados de educación básica y dos grados de educación media.
Actualmente, la educación básica comprende cinco grados de primaria y cuatro de secundaria, desde primero hasta noveno. Por su parte, la educación media incluye décimo y undécimo, pero estos cursos no forman parte de la educación obligatoria establecida en la Constitución. En el nivel preescolar, la obligación constitucional solo contempla el grado de transición, mientras que prejardín y jardín no cuentan con la misma garantía expresa.
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Así se comparan el esquema vigente y el que propone el acto legislativo:
- Actualmente: educación obligatoria entre los 5 y los 15 años, con transición y los grados primero a noveno.
- Si se aprueba definitivamente: obligatoriedad entre los 3 y los 17 años, con prejardín, jardín, transición, básica y educación media.
- Aumento total: cuatro años escolares adicionales, dos al comienzo de la trayectoria y dos al final.
El proyecto apunta a la salida temprana del sistema escolar
El representante por Cundinamarca Daniel Felipe Bernal, uno de los impulsores de la iniciativa y ponente junto con Gabriel Becerra, ha puesto el foco en las dificultades para completar el colegio. Durante el debate se expuso que de cada 100 estudiantes que iniciaron primero en 2013, solo 55 llegaron a grado once en 2023.
La cifra refleja las barreras de permanencia, en particular al pasar de noveno a décimo y de décimo a undécimo. Entre los factores mencionados están la necesidad de trabajar, las responsabilidades de cuidado, la distancia hasta las instituciones que ofrecen educación media y una oferta académica con poca conexión con las expectativas de los jóvenes.
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La ponencia también advirtió que la cobertura neta de educación media se ha mantenido por debajo del 50% en los años analizados. Las diferencias territoriales son amplias: mientras algunos lugares registran coberturas de entre 74% y 80%, zonas de la Amazonía y la Orinoquía presentan niveles cercanos al 10% o 20%.
La expansión del preescolar sería progresiva y dependería de la oferta
La propuesta no implicaría que todos los establecimientos deban abrir de inmediato cupos para niños de 3 y 4 años. El texto previsto para el segundo debate señala que la obligatoriedad de la educación preescolar se aplicaría de forma progresiva, de acuerdo con las condiciones de oferta y cobertura de las entidades territoriales certificadas.
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Ese proceso tendría que priorizar los territorios con mayores faltantes de cupos. La cobertura de educación inicial citada en la ponencia llegó a 72,24% en 2025, un indicador que deja por fuera a parte de la población objetivo. La ampliación buscaría reducir las diferencias asociadas al ingreso de las familias, la ruralidad y la disponibilidad local de instituciones.
Para hacer exigible el acceso desde prejardín hasta undécimo, las autoridades tendrían que ampliar infraestructura y planta docente, además de garantizar transporte y alimentación escolar. En educación media, el reto incluye crear cupos en áreas rurales, reforzar internados o residencias donde sean necesarios y promover modelos flexibles para jóvenes trabajadores, población con discapacidad, comunidades étnicas y víctimas del conflicto.
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La financiación exigiría recursos nacionales y territoriales
La ampliación de la obligatoriedad generaría gastos graduales para la Nación y las entidades territoriales. La ponencia plantea que los recursos provengan principalmente del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Participaciones (SGP), que financia buena parte del servicio educativo local.
El alcance material de la reforma dependería de normas posteriores, asignaciones presupuestales y planes con metas de cobertura y calidad. También serían necesarios docentes especializados, conectividad, laboratorios, bibliotecas, orientación vocacional y articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), instituciones técnicas y universidades.
El proyecto seguirá ahora a la plenaria de la Cámara de Representantes para su segundo debate. Hasta que no complete los ocho debates exigidos para un acto legislativo, la educación obligatoria en Colombia seguirá siendo la establecida hoy entre los 5 y los 15 años.
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