La Superintendencia de Transporte de Colombia inició procesos de investigación a 258 empresas de transporte de carga por presuntas irregularidades en su operación.
Las compañías están bajo la lupa por no proveer información adecuada al Sistema de Información de Requerimientos (SIR-ST) y realizar supuestos pagos inferiores a los costos eficientes de operación establecidos por la ley.
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Durante el año anterior, 16 empresas de transporte de carga fueron sancionadas, acumulando multas que ascienden a más de 880 millones de pesos. Estas sanciones se aplicaron después de verificar el incumplimiento de las normativas que estipulan los costos eficientes en la operación de carga.
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Además, se encuentra en análisis la información provista por 785 empresas, las cuales han atendido, en medida completa o parcial, la solicitud del SIR-ST.
La Superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina Arias, enfatizó sobre la importancia del cumplimiento de las normativas vigentes y la implementación de pagos justos, como es estipulado por el Sicetac.
La funcionaria mencionó que se ha insistido repetidamente ante los diversos agentes del sector, incluidos gremios y compañías de carga, sobre la relevancia de adherirse a estas prácticas para fomentar una competencia equitativa, remuneraciones justas y el control efectivo contra actos ilícitos en el transporte de mercancías.
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De acuerdo con las declaraciones de la superintendente Ayda Ospina, la Superintendencia está adoptando medidas enérgicas contra quienes violen las normas y, paralelamente, está llevando a cabo mesas de trabajo para mejorar la regulación del sector en términos de actualización, completitud y precisión de los recursos ofrecidos por el ente regulador.
La Superintendencia de Transporte también se comprometió a atender las necesidades del sector y continuar con la ejecución de acciones que busquen sancionar las malas prácticas y garantizar la legalidad en el ámbito de transporte de carga en Colombia. Con ello, se espera que tanto las empresas involucradas en el transporte como sus trabajadores puedan desempeñarse en un marco de leyes justas y competencia saludable.
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La Superintendencia de Transporte realizó el anunció que abrirá investigaciones a 1.138 empresas de transporte de carga por presuntas irregularidades en sus operaciones durante 2022.
Las compañías podrían enfrentarse a sanciones que irían hasta los 700 salarios mínimos si llegan a comprobarse dichas violaciones a la Ley 336 de 1996 relacionadas con pagos realizados por debajo del régimen de relaciones económicas establecido en el Sicetac.
Las autoridades recalcaron que no hay recursos contra la apertura de la investigación y formulación de pliegos de cargos, pero aseguraron que se respetarán los derechos de defensa de las entidades que se encuentran investigadas, junto con la posibilidad de presentar recursos de reposición y apelación.
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En 2023, la Supertransporte efectuó una revisión minuciosa de más de 1 millón de manifiestos electrónicos de carga, con el fin de identificar y corregir posibles falencias en el cumplimiento de las normativas vigentes.
Este proceso es parte de un esfuerzo de la entidad por garantizar la adherencia a la normatividad y mejorar las operaciones del sector. Las empresas han recibido requerimientos de información que les permiten implementar mejoras. Además, se anunció que en 2024 se empleará la misma metodología para analizar los manifiestos correspondientes al año 2023.
La Superintendencia dividió las investigaciones en varias regiones, asignando a:
- Delta a Salud S.A.S. la Zona 1, que comprende Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, San Andrés y Sucre.
- Consorcio Conaudit 2023 será el encargado de la Zona 2, incluyendo Atlántico, Magdalena, Arauca, Casanare, Guaviare y Vichada;
- La Unión Temporal Reclamaciones 2023 supervisará las Zonas 3 y 4, que abarcan departamentos como Antioquia, Caldas, Chocó, entre otros, y Cauca, Nariño, Valle, en la respectiva zona.
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