El martes 24 de enero de 2024, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos y suspendió por tres meses al canciller Álvaro Leyva, en medio de las investigaciones que se adelantan en su contra por las presuntas irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes.

Ante esta decisión, el senador Ariel Ávila se pronunció y mostró descontento ante lo que él llamó un “daño a la institucionalidad”.

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“Esto si es absurdo. Generalmente, las licitaciones con proponente único son chanchullos y torcidos. Y, cuando un funcionario para eso en esté país lo sancionan”, agregó el congresista en su cuenta de X (antes Twitter).

Seguido arremetió contra la entidad, reafirmando lo que muchos opositores de la procuradora Margarita Cabello han señalado sobre su posible vínculo con el clan Char.

“Lástima la forma como la cuota de los Char daña la institucionalidad de este país”, escribió Ávila.

La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría señaló que el canciller Álvaro Leyva habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo, la primera al declarar desierta la licitación 001 de 2023 para la expedición de pasaportes, sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal.

En segundo lugar, el organismo de control profirió cargos en su contra por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.

La procuradora y su cercanía con el clan Char

Mucho se ha cuestionado a la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, por ser de Barranquilla y tener cercanía con el grupo político más poderoso del Caribe, el clan Char. En varias oportunidades la funcionaria ha dicho que la critican a ella y hasta su familia, por manejar temas disciplinarios en la entidad.

En febrero de 2023, Cabello aseguró en conversación con Semana que “Han dicho que ahora soy de los Char, porque los Char son los que mandan. Es decir, buscando por todas partes deslegitimarme, incluso afectarme emocionalmente. Yo no entiendo”.

Sin embargo, el tema cobró relevancia luego de que se diera a conocer los negocios que sostuvo el hijo de la funcionaria, Alberto Mario Caparroso Cabello, en la costa Caribe, y que lo volvieron uno de los contratistas más prósperos de la región, además de la sanción que interpuso al presidente de la SAE Daniel Rojas Medellín, por su actuación en el caso de la venta de acciones de la empresa Triple A de Barranquilla.

Pero otro de los presuntos vínculos de la funcionaria con los Char estaría relacionado con un terreno que, aunque ha sido investigado por varias de las entidades por donde pasó la hoy procuradora, el proceso por presuntas irregularidades no avanza.

Se trata un sector conocido como La Loma en Barranquilla, una isla de 96 hectáreas donde se pretendía en 2015 lograr la construcción de una pequeña ciudadela, con sede de la alcaldía, parque, centro empresariales y demás, avaluada en medio billón de pesos en el 2014.

Para ese entonces, denunciaron que Elsa Noguesa y Aljandro Char, quienes estuvieron al frente del proyecto cuando ejercieron como alcaldes de Barranquilla, habían cometido irregularidades en el proceso de ejecución del contrato.

Pese a que la denuncia ya estaba en trámite por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barranquilla, pasaron siete funcionarios por el despacho y no concluyeron nada. Además, según el portal Cuestión Pública, cuatro jueces obtuvieron cargos de mayor prestancia, no de ellos ahora siendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia y trabajando de la mano de Margarita Cabello.