La Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, ha formalizado la acusación en contra de Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, por su presunta implicación en los hechos atroces conocidos como la masacre de La Granja, ubicada en la zona rural de Ituango, Antioquia, perpetrada el 11 de junio de 1996.
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Alias Lucas, señalado de haber sido el jefe financiero de los hermanos Castaño Gil y de las entonces Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, es acusado de haber facilitado los medios necesarios, como fondos económicos, armamento, uniformes y otros insumos, para que las estructuras de este grupo paramilitar llevaran a cabo dicha masacre.
Los hechos en cuestión resultaron en la muerte de cuatro habitantes del corregimiento La Granja, incluyendo una mujer, un joven con discapacidad cognitiva y un docente, que fueron seleccionados y asesinados a partir de una lista donde se les acusaba, de manera errónea, de colaborar con grupos guerrilleros operantes en la zona.
Soto Toro, por su presunta responsabilidad directa en estos crímenes, enfrenta cargos por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, que serán juzgados bajo las normativas de la Ley 600 de 2000, correspondiente al anterior Sistema Penal Colombiano.
La Fiscalía, habiendo profundizado en las investigaciones pertinentes, determinó que desde una oficina situada en el parqueadero Padilla, en la ciudad de Medellín, alias Lucas habría orquestado y desviado recursos financieros que permitieron a las AUC ejecutar asesinatos y otras acciones delictivas que han sido catalogadas como crímenes de lesa humanidad, revelando una práctica sistemática de violencia en contra de civiles desarmados durante el periodo de 1994 a 1998.
En las décadas de los 90 y 2000, el paramilitarismo, liderado por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sembró violencia en el país, cometiendo masacres y desplazando a millones de personas. A pesar de su origen como defensores campesinos ante grupos guerrilleros, las AUC se convirtieron en una organización criminal vinculada al narcotráfico y a la corrupción estatal. Comandadas inicialmente por Carlos Castaño y después por Vicente Castaño, su accionar militar y terrorista provocó la muerte de civiles y la destrucción de comunidades.
Destacan las masacres de Mapiripán y El Aro, donde se evidenció la persecución a cualquier opositor percibido como amenaza. Escándalos como la ‘parapolítica’ descubrieron complicidades entre autoridades y paramilitares. El proceso de desmovilización de las AUC durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez inició en 2003, pero no estuvo exento de críticas y cuestionamientos sobre su legitimidad. Aunque desmovilizadas, la herencia violenta de estas estructuras aún persiste a través de las denominadas ‘Bacrim’, manteniendo un clima de inseguridad en el país.
Condena a excomandante paramilitar
La justicia colombiana sentenció a Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por su implicación en el asesinato de tres campesinos en Valledupar en 2003. Estos crímenes, presentados falsamente como bajas en combate, conocidos como “falsos positivos”, fueron atribuidos a las tropas del Ejército Nacional con la complicidad de Jorge 40 y su Bloque Norte de las AUC.
A pesar de estar ya encarcelado, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos aplicó una nueva medida de aseguramiento contra Rodrigo Tovar Pupo por estos hechos. El caso reveló la cooperación entre el exparamilitar y Hernán Mejía Gutiérrez, comandante del Batallón La Popa, también involucrado en otros casos de “falsos positivos” y quien optó por acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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