Uno de los retos que se suma a los que afrontó el Ministerio de Salud este 2023 tiene que ver con el pago de los presupuestos máximos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre.
Estos son los valores que se transfieren a la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) para cubrir los servicios de salud que no son financiados con recursos de la UPC; es decir, que se salen del valor que se destina por cada persona que cuenta con servicio de salud a partir del dinero que contribuyen empresas y trabajadores.
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Ante esta situación, Blu Radio conoció que el Ministerio de Salud emitió una carta al Ministerio de Hacienda solicitando recursos adicionales, según consta en la respuesta enviada a la Procuraduría.
A pesar de que esta cartera recibió una asignación inicial de 51,2 billones de pesos en el presupuesto general de la nación, se ha visto en la necesidad de solicitar una adición presupuestal.
Se trataría de 3,5 billones de pesos que le está pidiendo a Hacienda debido a que, en la práctica, la totalidad de sus recursos iniciales ya ha sido ejecutada por el ministerio. Sin embargo, el mismo medio conoció cuál fue la respuesta del Ministerio de Hacienda: esa cartera le informó a la de salud que no hay disponibilidad de más fondos.
Ante este escenario, el Gobierno está explorando la posibilidad de redistribuir recursos de otros ministerios que no hayan agotado su presupuesto para subsanar la deuda pendiente del Ministerio de Salud. No obstante, esta es una carrera contrarreloj faltando tan poco para que se termine el 2023.
La incertidumbre respecto a la ejecución del presupuesto del Ministerio de Salud ha generado cuestionamientos sobre el destino de los recursos asignados, especialmente en lo que respecta a la falta de liquidez para cumplir con los presupuestos máximos de noviembre y diciembre.
No obstante, esto contrasta con la respuesta que dio a la Procuraduría el ministro de Salud encargado, Rodolfo Enrique Salas, quien indicó que no hay un riesgo financiero inminente en el sistema de salud. Agregó, además, que durante agosto y septiembre de 2023 se concluyó que “no hay evidencia sobre insuficiencia de la UPC (Unidad de Pago por Capitación)”.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respondió a través de su cuenta en X, asegurando que el Gobierno está comprometido con la salud del país. “Durante 2023 se han girado 81,2 billones de pesos correspondientes a UPC y más de 3,4 billones de pesos de presupuestos máximos a las EPS”, declaró el ministro.
Jaramillo también enfatizó en la importancia de garantizar los servicios de salud y criticó a las EPS por no cumplir con sus pagos, poniendo en riesgo el bienestar de los pacientes y el derecho a la salud. “Nunca antes había habido un Gobierno que apropiara más recursos para la salud”, concluyó en la publicación.
Las advertencias de la Procuraduría a la cartera de salud
El Ministerio Público también había solicitado al Ministerio de Salud conocer la fecha en que se llevará a cabo el reconocimiento de los ajustes económicos de 2022, ya que, dice la Procuraduría, no se han realizado. De hecho, solo en el presente año se reconocieron los ajustes del año 2021 para la red prestadora de servicios de salud. También se constató un pago inoportuno durante el segundo semestre del 2023, pues solo se realizó el giro correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre.
En este contexto, el ente de control también solicitó la programación de mesas técnicas y participativas destinadas a revisar y discutir jurídica, técnica y financieramente el dinero correspondiente a la Unidad de Pago por Capacitación (UPC) para la vigencia 2024, que es lo que se paga a las EPS anualmente por usuario registrado en el sistema de salud. La delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social destacó que, para el cierre del 2023, persiste el desconocimiento sobre la información y metodología para el cálculo del UPC del próximo año.
Ante esta situación, el ente de control advirtió sobre la gravedad de las actuaciones del Ministerio, argumentando que estas afectan el derecho fundamental a la salud de los colombianos.
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