A pesar de la suspensión de la Procuraduría, esta es la razón por la cual Jorge Iván Ospina podrá terminar su mandato como alcalde de Cali

“El alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, terminará su mandato constitucional el 31 de diciembre de 2023, tal y como lo establece la Carta Política y la ley”.

Así lo expresó la directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, María del Pilar Cano Sterling, que aprovechó para aclarar que la decisión tomada por la Procuraduría General de la Nación aún se encuentra en primera instancia.

El fallo de la Procuraduría, que podría influir en la administración pública de la ciudad, no afectará el mandato actual de Ospina hasta que se resuelvan todas las instancias legales pertinentes. Es importante destacar que el mandato de un alcalde en Colombia está definido por periodos fijos, establecidos en la Carta Política del país, que garantizan su permanencia en el cargo durante el tiempo estipulado, salvo por causas excepcionales determinadas por la ley.

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“Cuando se inicia cualquier proceso se tiene que respetar algo que se llama debido proceso, que por demás es un principio constitucional y en donde se establece que a toda persona y a su apoderado tendrán que notificarles del fallo”, argumentó la funcionaria. Y continuó: “se trataría de un fallo en primera instancia, del cual el Alcalde no ha tenido conocimiento de manera oficial y que, además, se filtró por medio de la redes sociales”.

Sobre lo que viene, la titular jurídica de la Alcaldía de Cali precisó que el médico Ospina o su apoderado se notificarán y tendrán un plazo para interponer recurso de apelación, a fin de que un superior de la procuradora disciplinaria que lo juzgó asuma el conocimiento del caso. “Esto significa que alcanzará a pasar este año y, por tanto, terminará su mandato”, puntualizó.

La abogada Cano Sterling recalcó que Colombia es un Estado Social de Derecho y, como tal, se debe dar una garantía al debido proceso para los investigados, toda vez que es un principio constitucional contenido en el Artículo 29. ”En el fallo que se filtra a través de las redes sociales, se habla de los términos de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021. Por tanto y si nos remitimos a esa normativa que el mismo fallo cita, tendría un plazo de 10 días, conforme lo establece el Artículo 225 G para interponer el correspondiente recurso y, después, tendrá a quien vaya a desatar o conocer de la apelación en segunda instancia, en principio 45 días, para sustanciar y resolver de manera definitiva”, contextualizó la Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica.

El proceso llevado a cabo por la Procuraduría es parte del sistema de control y vigilancia sobre los mandatarios y servidores públicos en Colombia, sirviendo como mecanismo de aseguramiento de la legalidad y adecuado desempeño en el ejercicio de sus funciones. La comunidad caleña sigue expectante frente a los posibles desarrollos y consecuencias que surgirán conforme avance el proceso legal en curso.

Dada la naturaleza de este pronunciamiento y al encontrarse en primera instancia, el alcalde Jorge Iván Ospina se mantiene en su posición, trabajando por los intereses de Cali y su población hasta que la ley dicte lo contrario o se cumpla el tiempo reglamentario de su gestión al frente de la alcaldía.

Ospina se va en medio de escándalos

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ha sido suspendido, en primea instancia, de su cargo por un periodo de cuatro meses. Esta medida ha sido tomada como parte de un conjunto de investigaciones que enfrenta la administración municipal, que incluyen más de una decena de indagaciones en la Procuraduría General, una imputación de cargos pendiente por parte de la Fiscalía General de la Nación, la inhabilitación de dos de sus secretarios y una denuncia de abuso sexual contra otro. Ospina ha defendido su gestión alegando que las acciones legales son respuesta a su alineación con el senador y líder de izquierda Gustavo Petro.

El periodo de inhabilitación que enfrenta el primer mandatario de la ciudad surge en medio de controversias y cuestionamientos de su liderazgo. Las investigaciones en la Procuraduría implican a más de 10 funcionarios del gabinete, entre ellos dos secretarios ya sancionados y uno acusado de un grave delito sexual. Asimismo, la Fiscalía tiene pendiente una formulación de cargos, lo cual añade una capa de complejidad al panorama político de la tercera ciudad más grande de Colombia. El alcance de las investigaciones y la naturaleza de las acusaciones han generado un ambiente de incertidumbre en torno a la continuidad administrativa y la gobernanza de Cali.

A pesar de las acciones legales y las investigaciones en curso, Ospina ha sostenido que su compromiso con las políticas de Gustavo Petro ha sido el catalizador de los procedimientos judiciales en su contra. “Ser seguidor de Petro” es la razón detrás de la situación que afronta, según ha declarado el propio Ospina. Esta defensa resalta la polarización política en Colombia y la posible influencia que esta tiene en los procesos judiciales y administrativos de funcionarios públicos. Sin embargo, la veracidad de estas afirmaciones está sujeta al desarrollo de las investigaciones y no ha sido confirmada por las autoridades competentes.

El Ayuntamiento de Cali y la alcaldía no han emitido ningún comunicado adicional en respuesta a la suspensión. Mientras tanto, la opinión pública y los grupos políticos en la ciudad se mantienen a la expectativa de los resultados finales de las investigaciones y cualquier acción judicial subsiguiente que pueda afectar el balance político de una de las metrópolis principales de Colombia. Las consecuencias de este proceso legal y administrativo no solo repercutirán en la confianza de los ciudadanos hacia sus representantes, sino que también influirán en las futuras dinámicas políticas y electorales del país.