Canciller Álvaro Leyva enfrenta ultimátum de la Procuraduría para presentar sus alegatos finales en investigación de pasaportes

La Procuraduría General de la Nación estableció un plazo de 10 días hábiles para que el canciller Álvaro Leyva presente sus alegatos finales en relación con la investigación en curso sobre el proceso de licitación y provisión del servicio de pasaportes en Colombia. La entidad gubernamental instó al funcionario a proporcionar explicaciones detalladas y fundamentadas sobre las circunstancias que rodean dicho contrato.

La investigación en curso se centra cuando el 13 de septiembre de 2023 el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la deserción de la licitación para la elaboración de pasaportes. La ausencia de competidores viables, a excepción de la firma Thomas Greg & Sons, dejó al descubierto la posibilidad de una interrupción en la emisión de pasaportes, afectando tanto a los ciudadanos colombianos como a los servicios en el extranjero.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Ante esta perspectiva, el canciller Álvaro Leyva declaró una urgencia manifiesta el 14 de septiembre, apenas 20 días antes de que concluyera el contrato previo con la misma empresa, Thomas Greg & Sons.

En un esfuerzo por garantizar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes, el funcionario obtuvo la facultad para contratar directamente, por lo que firmó un nuevo contrato con la misma firma el 2 de octubre para extender la impresión de pasaportes por un año más. No obstante, esta rápida solución captó la atención de varias entidades de control.

La investigación disciplinaria, anunciada por el Ministerio Público el 20 de septiembre de 2023, se enfocó en el ministro de Relaciones Exteriores y el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar. La Sala Disciplinaria de Instrucción indicó que la decisión de declarar desierto el proceso de licitación podría haber vulnerado pilares fundamentales de la contratación estatal, lo que constituiría una falta disciplinaria.

La Procuraduría sostiene que, posiblemente, Leyva y Salazar habrían violado los principios de transparencia, economía y responsabilidad en la contratación pública al suspender la licitación.

El Ministerio Público había advertido previamente sobre la falta de sustento legal en la decisión de suspender el proceso, en el que señaló que una posible irregularidad era la publicación del informe de evaluación final de los proponentes, apenas 1 hora y 45 minutos antes de la suspensión.

Las irregularidades identificadas por la Procuraduría datan de meses atrás, siendo detectadas ya en mayo de 2023. En ese momento, el procurador Delegado Segundo para la Vigilancia de la Función Pública, Fernando Grillo, no recibió respuestas a observaciones que hizo del proceso licitatorio. Además, las empresas interesadas tampoco obtuvieron respuestas sobre observaciones relacionadas con los criterios de ponderación establecidos en el pliego de condiciones.

Esta no es la única investigación que lleva a cabo la Procuraduría en relación con el proceso de licitación de pasaportes. También se indaga sobre el presunto maltrato del canciller Álvaro Leyva hacia Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Zamora alega haber sido víctima de gritos por parte del ministro. La Sala Disciplinaria de Instrucción indica que, de acuerdo con reportes de medios de comunicación, se reporta que Zamora fue sujeta de ataques verbales en las dependencias de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Se le acusa de no velar por los intereses del presidente Petro.

Adicionalmente, el 11 de diciembre se llevó a cabo una revisión en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el propósito de recopilar evidencia sobre las posibles irregularidades que llevaron a la decisión de declarar nulo el proceso.