Autoridades han judicializado 40 individuos por actos sexuales seriales en Colombia

La Fiscalía General de la Nación informó el sábado 23 de diciembre que ha llevado a cabo la judicialización de 40 individuos relacionados con actos sexuales seriales, afectando a 80 mujeres y 17 menores de edad durante el período comprendido entre 2020 y 2023.

Las acciones forman parte de las concluyentes gestiones del fiscal general, Francisco Barbosa, en funciones hasta el 13 de febrero de 2024.

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El organismo judicial estableció una unidad, liderada por Martha Andrea Romero para perseguir y sancionar a los autores de abusos sexuales: “Con la creación del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género de la Delegada para la Seguridad Territorial y la priorización de los delitos que más afectan a las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, la Fiscalía General de la Nación ha avanzado con determinación en el esclarecimiento de las conductas delictivas que más afectan a estos grupos poblacionales”, se lee en el informe.

Asimismo, las capturas y judicializaciones en serie siguen numerosas operaciones ejecutadas en varias regiones del país, incluyendo Bogotá, Nariño, Santander, Valle del Cauca, Meta, Córdoba, Chocó y Tolima. De igual manera, el ente judicial destacó que “ocho de estos agresores eran reincidentes y actualmente permanecen en centros carcelarios del país”.

En términos de resolución de delitos sexuales, la Fiscalía ha alcanzado una notable mejora, resolviendo el 40% de los casos, un alza significativa respecto al 9,76% antes del año 2020. Para el presente año 2023, se ha logrado procesar el 68,45% de las denuncias presentadas.

Respecto a la participación de menores de edad en delitos, se informó que “la Fiscalía ha obtenido importantes resultados judiciales en estos cuatro años, que alcanzan el 68,5% de los hechos reportados. En 2023, se ha logrado el 66,7%”, indica el informe.

Además, se destacó el progreso en el esclarecimiento de casos de violencia intrafamiliar, alcanzando un 60% entre 2020 y 2023, y un pico del 86,3% en este último año, es decir un 24,42% por encima de lo obtenido en 2022.

De otro lado, el órgano de justicia afirmó que “con el propósito de contribuir a la reducción de las conductas delictivas que más afectan a las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, el Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género y el programa ‘Futuro Colombia’ han realizado campañas y estrategias que han impactado favorablemente a 311.486 personas, en 390 municipios. En 2023, parte de este trabajo se trasladó a 1.962 instituciones educativas”.

“Con 18 ‘Rutas de Esclarecimiento Itinerante’, ferias de servicio y encuentros interinstitucionales con enfoque étnico, diferencial y de género, realizados en diferentes territorios del país, la Fiscalía se acercó y escucho a las víctimas. En 2021, fueron atendidas 11.377 personas; en 2022, 188.104 personas; y en 2023, 167.991 personas”, concluye el comunicado.

La Fiscalía, a través del CTI de Antioquia, capturó en noviembre a Dairo Alberto Arias, señalado de ser el autor de múltiples agresiones sexuales en los municipios del occidente y el norte del departamento. Arias fue aprehendido cerca a la Terminal de Transportes de Donmatías, donde presuntamente iba a encontrarse con una potencial víctima. Las autoridades lo vinculan con delitos sexuales cometidos bajo la fachada de ofrecer empleo a mujeres en fincas.

Según el reporte del CTI, el modus operandi de Arias consistía en utilizar redes sociales para ofrecer puestos de trabajo en zonas rurales, y al recoger a las interesadas, las llevaba a lugares aislados donde procedía a atacarlas.

Este método fue clave para su captura, coordinada luego de recibir tres denuncias formales de agresiones ocurridas entre el 18 de marzo y el 11 de octubre de 2021, en los municipios de Santa Fe de Antioquia, Olaya y Donmatías.

Tras la detención, se inició un proceso legal contra el presunto agresor por los crímenes de acceso carnal violento y acto sexual violento. En las audiencias preliminares, un Juez de Control de Garantías le impuso una medida de aseguramiento intramural, quedando en prisión preventiva mientras avanza su caso. La investigación sigue su curso para determinar la posible existencia de más víctimas y ampliar los cargos.