El papel de Carlos Oyola en la DNI: habría coordinado hackers y participado en un presunto plan para atacar la Registraduría

Carlos Oyola, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), fue capturado el viernes 6 de noviembre de 2026 en Neiva, Huila, en un operativo del Gaula Militar, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional. El ingeniero de sistemas es investigado por su presunta participación en ataques informáticos contra instituciones del Estado y entidades académicas.

Su detención también puso de nuevo la atención sobre los señalamientos que aparecen en documentos internos de la DNI, conocidos por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, en los que se describe el papel que habría desempeñado dentro de la entidad durante el Gobierno de Gustavo Petro. Según esos informes, Oyola habría coordinado activistas digitales, bodegueros y hackers, además de liderar una red que supuestamente tenía como objetivo intervenir los resultados de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026.

Uno de los documentos consultados por el medio describe así esa presunta actividad: “Lidera la red que realizaría el trabajo para cambiar resultados de la votación del 21 de junio con otros integrantes ejecutarían los ataques contra la Registraduría”.

El señalamiento adquiere relevancia porque Oyola tenía una orden de captura emitida por un juez el 7 de mayo de 2026, tres semanas antes de la primera vuelta presidencial. Pese a ese requerimiento judicial, continuaba vinculado a la agencia de inteligencia.

El papel que habría tenido Carlos Oyola en la DNI

De acuerdo con los documentos internos obtenidos por el noticiero, Oyola ingresó a la DNI en febrero de 2024 y fue ubicado posteriormente en el grupo de tecnología.

Uno de los informes describe que habría intervenido sistemas informáticos de entidades estatales para facilitar el acceso de la dependencia de contrainteligencia a sus bases de datos. La información también indica que esos registros fueron alojados en una nube y posteriormente se perdieron.

El documento señala: “Hackeó entidades del Estado para que contrainteligencia tuviese acceso a las bases de datos, las cuales alojó en una nube y perdió esa información. El exdirector de contrainteligencia lo puso a disposición del exdirector general Jorge Lemus, quien lo reubicó en el grupo de tecnología”.

Entre las actividades que le atribuyen los informes también figura la coordinación de activistas digitales, bodegueros y hackers. Además, el documento registra que habría sostenido reuniones con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, aunque no se detallan los motivos de esos encuentros.

El medio también informó que, horas antes de la primera vuelta presidencial, Oyola se encontraba en un apartamento que habría funcionado como fachada de la DNI, cuando la Fiscalía adelantó un allanamiento. Según la investigación periodística, el funcionario habría escapado antes de la llegada del CTI y dejó abandonados computadores, celulares y otros dispositivos electrónicos.

No se conoce quién le habría advertido sobre el procedimiento ni qué información lograron recuperar las autoridades de los equipos encontrados en el inmueble.

Los antecedentes judiciales del funcionario capturado

Carlos Oyola nació en Neiva y, según los registros recopilados, comenzó su trayectoria en el sector público en septiembre de 2018, cuando se vinculó como asistente de la unidad de trabajo legislativo del entonces senador y exrepresentante liberal Rodrigo Villalba Mosquera, actual gobernador del Huila.

En 2022 apareció relacionado con una denuncia por un presunto intento de fraude informático junto a su hermano gemelo, Cristian Oyola. De acuerdo con el medio, esa investigación no prosperó en la Fiscalía de Neiva.

Los problemas judiciales que posteriormente lo vincularon con una investigación por presuntos delitos informáticos comenzaron en 2023, cuando una profesora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) encontró inconsistencias en su historial académico.

Según los documentos conocidos por el medio, Oyola habría alterado calificaciones para obtener el título de una especialización en Gestión Pública y aprobar una maestría en Gobierno y Políticas Públicas.

El acta del consejo académico de la institución registró: “Encontramos que este estudiante tiene algunas inconsistencias en su historial académico, no solo en la maestría; sino también en el programa cursado de especialización en gestión pública”.

Por estos hechos se inició una investigación en la Fiscalía por presuntos delitos de acceso abusivo a un sistema informático, falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.

Otro aspecto señalado por la investigación periodística tiene que ver con la documentación académica que habría presentado para respaldar su experiencia en un contrato supervisado por el entonces contralor delegado para la Defensa, Luis Eduardo Parra.

El contrato fue firmado en octubre de 2022 y tenía una vigencia de dos meses. Sin embargo, entre los soportes figuraba una especialización en Gestión Pública cuya fecha de grado aparecía registrada el 25 de noviembre de ese año, un mes después de la firma del documento.

En enero de 2023, Oyola obtuvo un contrato con el Fondo Colombia en Paz, entidad dependiente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Posteriormente, en febrero de 2024, ingresó a la DNI.

La pérdida de información del sistema de inteligencia de la DNI

Otro de los señalamientos contra Oyola aparece en un informe enviado por la DNI a la Presidencia de la República en septiembre de 2026. El documento lo relaciona con el desarrollo del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC, versión 2), plataforma destinada al registro de las misiones de trabajo de la entidad.

Según el reporte, el funcionario no habría entregado los resultados del proyecto y presuntamente perdió el computador en el que desarrollaba el sistema.

El informe señala: “No entregó nada y presuntamente fue víctima del hurto del equipo de cómputo en el que estaba desarrollando el sistema”.

El documento también advierte que la entidad no contaba con una plataforma para registrar sus misiones de inteligencia y contrainteligencia, debido a que desde 2024 no se había renovado el contrato con el proveedor del sistema anterior.

Sobre esta situación, el exinspector de la DNI Juan Carlos Restrepo cuestionó la permanencia de Oyola en la institución pese a sus requerimientos judiciales y señaló que la entidad habría incurrido en una omisión al no denunciar su situación.