Ordenan arrestar al alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas: qué fue lo que pasó

El Alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, ha sido sancionado por un juez con un arresto de seis meses y una multa equivalente a cincuenta salarios mínimos mensuales vigentes (SMMLV), bajo el argumento del incumplimiento de La orden judicial 20029 que exigía el cierre del relleno sanitario El Carrasco.

La sanción impuesta por el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga también afecta a Yulia Rodríguez, alcaldesa del municipio de Girón, Santander, con un mes de arresto y una multa de 10 SMMLV, y a Helbert Panqueva, gerente de aseo de Bucaramanga, citando la misma razón de “dilatar” y ser “laxos” en el cierre del relleno, como fundamento para dichas sanciones.

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La sanción habría llegado después de prolongadas dilaciones para cerrar el relleno sanitario de Bucaramanga, una exigencia judicial que data de 2011, la cual no fue cumplida por sucesivas administraciones. Cárdenas sostiene que durante su mandato se evitaron peores consecuencias ambientales y se trabajó en la regulación de futuros proyectos de disposición de residuos. Sin embargo, el fallo del juez Edwin Avendaño establece que las proposiciones para dar cumplimiento a dicha orden judicial no se ejecutaron efectivamente

Apelación por parte de Cárdenas

A través de sus redes sociales, el dirigente comunicó que apelará la medida, mientras defendió que mantuvo la operación del vertedero para prevenir una crisis sanitaria en la ciudad, entre tanto se buscaba una nueva ubicación para los desechos.

Además, apuntó que su gestión ha trabajado éticamente durante cuatro años, buscando el bienestar de la ciudadanía.

“A pesar de que hoy Bucaramanga tiene el mejor relleno sanitario de Colombia, tiene una hoja de ruta clara para transformarlo en un parque tecnológico ambiental, construimos desde Asocapitales la Ley de Residuos Sólidos para tener reglamentación clara a la hora de construir nuevos lugares de disposición e implementar tecnología y evitamos su cierre para impedir la peor crisis sanitaria de la historia en nuestra ciudad y el departamento al no tener donde disponer las basuras; hoy el juez 15 me notifica una sanción por el uso de El Carrasco. La apelaremos en derecho. El trabajo que hicimos en cuatro años fue ético y transparente, pensando siempre en los intereses de toda la ciudadanía y su bienestar; no en negocios para particulares”, escribió el dirigente.

El fallo no solo repercute en los sancionados sino también plantea un dilema operativo inmediato, dado que actualmente no se dispone de un sitio alternativo para gestionar los residuos de 16 municipios, lo que complica el panorama ante el incremento de desechos por las festividades navideñas.

Por su parte, Panqueva expresó su sorpresa ante la decisión, recalcando que la problemática del relleno El Carrasco es de carácter jurídico más que técnico y pone en peligro la salud pública durante la época navideña y la transición de gobierno.

Denuncias y cuestionamientos

Por otra parte, el alcalde electo Jaime Beltrán ha expresado su preocupación por hallazgos de presunta corrupción en la administración saliente de Cárdenas, incluyendo irregularidades en contratos y la adquisición de bienes muebles con fondos de la sobretasa ambiental. Además, existen alarmas sobre la posible desaparición de 3.000 vehículos bajo custodia de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, caso que está siendo investigado por las autoridades correspondientes, de acuerdo con la información publicada con la revista Semana.

No obstante, según la decisión judicial, además del alcalde Cárdenas, otros representantes legales de entidades territoriales involucradas en la gestión del relleno también son materia de investigación disciplinaria y fiscal. Yulia Rodríguez, Miguel Ángel Moreno, Mario José Carvajal, Rubén Villabona, Genny Gamboa, César Armando Lozada y Helberth Panqueva, encararían acciones similares por parte de la Procuraduría, dada su participación en la posposición del cierre de El Carrasco. Hacia 2024, los alcaldes electos deberán encontrar una nueva ubicación para la disposición final de residuos según la normativa legal vigente.