Excomandantes de las Farc tendrán que responder por crímenes de guerra y lesa humanidad, por maltrato a diputados del Valle secuestrados

La emisora Blu Radio reveló que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió un comunicado de más de trescientas páginas detallando la actuación del Bloque Occidental de las extintas FARC, que operó en la región suroccidental de Colombia, y que estuvo involucrado en hechos graves, como el secuestro de los diputados del Valle en 2002.

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Según el Tribunal de Paz, el secuestro, que tuvo lugar en abril de 2002, fue una estrategia de inteligencia diseñada para mostrar el poder armamentístico y territorial del grupo terrorista. En esta operación participaron diversos frentes guerrilleros, con el respaldo de León Villegas, exmiembro del M-19 y empleado de la Asamblea del Valle en ese momento, quien desempeñó el papel de informante.

Dicho secuestro se caracterizó por malos tratos, marchas forzadas y una constante amenaza a la vida de los cautivos, en un escenario donde la figura del intercambio de prisioneros jugó un rol crucial en la estrategia del grupo armado, estrategia que finalmente se califica como fallida por la JEP debido a su impacto en la prolongación de los cautiverios y las trágicas consecuencias de su aplicación. Desde el Tribunal de Paz resaltaron la crueldad con la que eran tratados los secuestrados:

La JEP logró acumular testimonios sobre violaciones a la dignidad humana y otros tratos crueles a los que fueron sometidos los cautivos, lo que incluye privaciones de la libertad con fines de control social y territorial, alimentación inadecuada, falta de atención médica y amenazas constantes.

Como resultado de esta investigación, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP ha imputado responsabilidades a varios exmiembros del Bloque Occidental, entre ellos “Pacho Chino”, alias el Grillo y otros seis exguerrilleros.

El recuerdo de la macabra operación

El secuestro de los diputados del Valle por las FARC en 2002 fue un acto que sacudió la opinión pública colombiana y despertó condenas a nivel internacional. El 11 de abril de ese año, un comando armado del grupo guerrillero FARC irrumpió en la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, en Cali, realizando una toma de rehenes sin precedentes.

Disfrazados de militares, los guerrilleros lograron engañar a la seguridad y acceder al recinto. Una vez dentro, se produjo una situación de caos y terror. Los secuestradores tomaron como rehenes a 12 diputados regionales, llevándolos a la fuerza y escondiéndolos en la densa selva colombiana.

El secuestro tuvo como objetivo inicial presionar al gobierno colombiano para negociar un intercambio de prisioneros, exigiendo la liberación de guerrilleros encarcelados a cambio de la libertad de los políticos secuestrados. Este evento se inscribía en un contexto de conflicto armado en el país, donde las FARC buscaban a través de acciones como esta, ejercer influencia política y militar.

La crisis del secuestro se prolongó durante varios años, con escasas pruebas de supervivencia y negociaciones que enfrentaron múltiples obstáculos. El episodio tomó un giro aún más dramático el 18 de junio de 2007, cuando las FARC anunciaron la muerte de 11 de los 12 diputados secuestrados, alegando que habían fallecido en medio de un fuego cruzado durante un supuesto ataque del ejército, versión que fue altamente cuestionada.

El único sobreviviente del grupo, el diputado Sigifredo López, fue liberado en 2009, y relató las durísimas condiciones de cautiverio, así como los hechos que rodearon la muerte de sus compañeros. Este suceso ha sido ampliamente recordado como uno de los actos más infames realizados por las FARC, dejando una profunda huella en la memoria colectiva de Colombia.