La firma de un contrato millonario entre la Presidencia de la República, encabezada por el presidente Gustavo Petro, y la empresa 4-72 para la impresión y distribución masiva de 500.000 ejemplares del periódico oficial gubernamental llamado “Vida”, por 653 millones de pesos, generó un fuerte rechazo en diversos sectores políticos y sociales. Estos criticaron el uso del erario en medio de un contexto donde las necesidades sociales son apremiantes.
El proceso de distribución del periódico se divide en dos fases. En la primera, se envían 500.000 ejemplares a un punto de recepción en las 32 ciudades capitales del país. Este diario, de 24 páginas a todo color y tipo tabloide, será distribuido de manera gratuita y se centrará en contenidos periodísticos relacionados con los programas y políticas del Gobierno nacional, alineados con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 denominado “Colombia: Potencia de la Vida”.
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La segunda fase implica la entrega directa a la ciudadanía en las calles de cada ciudad, con énfasis en lugares de alto tráfico peatonal y alrededor de universidades. Este proceso, programado para horas de la mañana, busca asegurar la distribución de un ejemplar por persona en los sitios seleccionados.
El contrato establece un despliegue significativo en Bogotá, donde se repartirán 160.000 unidades del periódico, seguido por Medellín con 60.000, y Cali con 45.000 ejemplares. Esta distribución seguirá proporciones específicas, adaptándose al tamaño y la dinámica de cada ciudad.
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Diversas figuras políticas expresaron su descontento por la millonaria inversión
La senadora Paloma Valencia, perteneciente al Partido Centro Democrático, rechazó enérgicamente la iniciativa, considerándola una estrategia de popularidad para un presidente que, según sus palabras, Colombia rechaza. En un mensaje en su cuenta de X (Twitter), la congresista manifestó que los recursos estatales deben destinarse a políticas sociales.
Por su parte, el exsenador Ernesto Macías Tovar se sumó a las críticas, catalogando dicha contratación como parte de la corrupción en el país y denunciando el despilfarro de fondos públicos, contrastándolo con el preocupante aumento de casos de desnutrición infantil en el país.
Las redes sociales también sirvieron como plataforma para el periodista y comediante Daniel Samper Ospina, que compartió su desaprobación por la millonaria contratación. En un mensaje en la misma red social, el columnista comparó la situación que ocurrió con el expresidente Iván Duque, al insinuar que ambos casos representan un gasto innecesario de recursos públicos.
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Esta conexión entre la actual administración y la gestión anterior se hizo evidente en las redes sociales, en las cuales se compartieron imágenes y comentarios que comparaban la situación actual con la transmisión televisiva de Iván Duque durante la pandemia por el covid-19.
La periodista Paola Herrera se unió a las voces de rechazo, por lo que expresó su indignación no solo por la contratación actual, sino también por la entrega de libros impresos durante el mandato de Duque.
En medio de la controversia, la discusión se amplió a la manera en que se utilizan los fondos públicos, lo que puso de manifiesto la necesidad de una fiscalización más rigurosa y transparente en la asignación de recursos destinados a proyectos gubernamentales.
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A continuación, el contrato de Presidencia para la impresión y distribución del periódico “Vida”.
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