Nicolás Petro tendría más procesos en curso en su contra en la Fiscalía

Nicolás Petro Burgos está a punto de iniciar juicio penal por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pero en las investigaciones habría indicios de más actividades ilícitas que podrían llevarlo a enfrentar nuevos procesos en los próximos meses.

Durante la imputación de cargos en contra del hijo del presidente se evidenciaron varias situaciones sospechosas que, finalmente, no correspondieron en los cargos y quedaron disipadas ante el escándalo por la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro y el anuncio de colaboración con la justicia.

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Según reveló Cambio, tras el desistimiento de Petro Burgos de colaborar con la justicia, los fiscales del caso habrían continuado con otras líneas investigativas de posibles delitos relacionados, algunos que tienen ya expedientes avanzados.

Uno de ellos se deriva del mismo lavado de activos, en medio de las jugadas que habría emprendido el exdiputado del Atlántico para ocultar el dinero que aparentemente recibió de empresarios y el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra.

Como lo ha señalado la Fiscalía, en medio de esas cruzadas, Petro y su entonces esposa Day Vásquez presuntamente buscaron titular los bienes a nombres de familiares, principalmente de ella, con el fin de no despertar alertas sobre el presupuesto ni tener que justificar los ingresos.

En esas mismas artimañas habrían logrado obtener certificaciones para justificar los ingresos en las declaraciones de renta de los años 2020 y 2021, que se comprobarse, constituirían un delito de fraude procesal.

Al parecer, según un testimonio que está en poder de la Fiscalía revelado por el medio citado, después de desatarse el escándalo se habría buscado justificar el patrimonio de Petro Burgos a través de documentos falsos de la empresa Seguridad Privada Lost Prevention, con el fin de evitar el proceso judicial.

A estas posibles falsedades se agrega otra que tiene que ver con la hija de vida que presentó Petro Burgos a la Asamblea del Atlántico. El diputado habría certificado cinco años de trabajo en la compañía Grupo Energía Delta LTDA, pero esta asegura que nunca estuvo vinculado.

Todos esos casos constituirían falsedades en documentos públicos y privados que podrían complicar aún más la situación jurídica de Nicolás Petro, quien ha decidido basar su defensa en contradecir a la Fiscalía y denunciar por ilegalidad todo lo actuado.

De acuerdo con Cambio, una de las indagaciones más avanzadas tiene que ver con un presunto caso de corrupción en el departamento, que habría quedado en evidencia a raíz de los chats entre Vásquez y Petro Burgos, que fueron presentados por la Fiscalía en la imputación.

En medio de las conversaciones, Vásquez aseguró que Elsa (Noguera), gobernadora del Atlántico, los ayudaba. Esto estaría relacionado con contratos para la atención de adultos mayores, que fue reprochada por el fiscal Mario Burgos, a través de la empresa Fundación Conciencia Social.

Al parecer, según el medio citado, se habrían comprometido 11 contratos con esa fundación por más de 6.500 millones. La Fiscalía investiga si hubo irregularidades y si se presentaron coimas que llegaron a los bolsillos de Petro Burgos o de Vásquez.

La Corte Suprema de Justicia definió que el proceso de Nicolás Petro deberá continuar en el Juzgado Segundo Penal de Barranquilla, donde se retomarán las audiencias en el 2024, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Por el momento, el hijo del presidente y su defensa han acudido a la Comisión de Disciplina Judicial para denunciar presuntas violaciones procesales con el fin de reiniciar todo el caso, mientras acuden a otras instancias para pedir protección por una supuesta persecución de parte de la Fiscalía.