Petro se alista para cerrar el 2023: Cuáles son las tareas pendientes del mandatario

El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un momento crucial, con reformas importantes estancadas y dos ministros bajo amenaza. La reforma a la salud, recientemente aprobada en la Cámara de Representantes, que logró el respaldo de algunos sectores políticos tras intensos debates, significó un triunfo para el gobierno. No obstante, esta aprobación ha relegado otros proyectos significativos, como las reformas laboral y pensional. Con el fin de año acercándose, la administración se ve en la necesidad de replantear su estrategia antes de la reanudación legislativa en marzo del 2024 y el término de la legislatura en junio.

Además, el primer mandatario debe revisar como puede abordar los otros problemas que afronta la nación, entre ellos el aumento de la criminalidad que incluye asesinato y desplazamiento y la tensión que hay en las negociaciones con el ELN.

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La inseguridad no da tregua

El Ministerio de Defensa revela un aumento del 80% en el número de secuestros entre enero y octubre de este año, con un saldo de 286 víctimas, en comparación con el 2022. Además, Indepaz reporta 90 masacres durante el mismo periodo, con un total de 289 fallecidos, cifra que ya iguala el total del año anterior. Estos datos avivan el debate sobre la efectividad de las políticas de seguridad en Colombia y agravan el clima de inseguridad en la nación.

Representantes de la oposición, como el senador Miguel Uribe del Centro Democrático, articulan su descontento destacando que los ciudadanos sienten “miedo, temor, como hace 20, 30 o 40 años, por cuenta de la violencia desaforada”. Aducen una falta de política de seguridad definida por parte del gobierno y critican los ceses al fuego decretados con grupos ilegales que, según ellos, han limitado la capacidad de acción de policías y militares.

En respuesta a las crecientes críticas, el presidente Gustavo Petro admite los problemas de seguridad, pero señala como responsable al anterior Gobierno de Iván Duque y las consecuencias de “hacer trizas la paz”. Revela su plan de inicio para una estrategia de seguridad en las ciudades, la cual incluirá inteligencia policial y la desarticulación de bandas criminales. No obstante, sus detractores cuestionan la viabilidad de estas medidas en áreas más aisladas del país.

Con el incremento de los delitos violentos como telón de fondo, el escenario político se tensa alrededor del debate sobre las mejores estrategias para restablecer la seguridad. Particularmente, se cuestiona si las tácticas que se implantarán en áreas urbanas podrán ser efectivas en regiones remotas, donde la presencia del estado es más débil y los grupos ilegales mantienen un control más sólido. Este dilema representa un desafío significativo para el gobierno actual en su propósito por recuperar la confianza y garantizar la seguridad de los colombianos en todo el territorio.

Las reformas no avanzan, sin importar cuanto afane el presidente

El Gobierno de Colombia consiguió un avance significativo con la aprobación de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. La medida, que encontró respaldo en los partidos liberales, verdes y La U, emergió tras cuatro meses de intensas deliberaciones y notables controversias. A pesar del logro alcanzado, las autoridades pertinentes han manifestado que aún no es tiempo de celebraciones.

El énfasis puesto en la reforma sanitaria relegó a un plano inferior otras reformas estructurales prioritarias para el gobierno, entre ellas, las de índole laboral y pensional, las cuales no se abordarán durante el escaso período legislativo restante, el cual es de apenas dos semanas. La situación ha llevado a la oposición a aseverar que la propuesta en materia de salud ha obstaculizado el proceso de más de 90 proyectos legislativos de distintos ámbitos. Ante este panorama, el gobierno se ve en la necesidad de movilizar dichas iniciativas en el próximo año, enfrentándose a un desafío contra el reloj dado que las sesiones parlamentarias se reiniciarán en marzo y culminarán en junio.

El ELN y los tropiezos de la paz total

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantiene secuestradas a 38 personas, una situación que obstaculiza los esfuerzos del gobierno colombiano para alcanzar una paz total. Actualmente, representantes del ejecutivo y del ELN se encuentran en México, negociando en el quinto ciclo de conversaciones en busca de una solución al conflicto armado y la liberación de los rehenes. Estas negociaciones son especialmente cruciales, ya que se desarrollan en los días finales del año 2023, un período simbólico y tenso.

A pesar de un anunciado cese al fuego, el ELN continúa con su accionar ilegal en diversas partes del país, como en la región del Chocó, donde instaura paros armados que alteran la vida civil y la seguridad regional. Esta contradicción entre el diálogo de paz y la continuidad de las acciones violentas por parte del ELN se presenta como un desafío significativo para la consecución de un acuerdo.

El mínimo está en veremos

Establecer un nuevo salario mínimo capaz de balancear las necesidades de los trabajadores y la estabilidad económica es el reto para cumplir en menos de 20 días, pues deben encontrar un acuerdo que permita mantener el poder adquisitivo de los empleados sin perjudicar el tejido empresarial. Este proceso de concertación se da en un contexto de recientes medidas económicas y políticas que han generado una reacción mixta en la opinión pública y entre los especialistas.

La administración de Petro ha sido objeto de críticas y reconocimientos simultáneamente. Por un lado, se celebra la reducción en las tasas de inflación y desempleo, pero por otro, la contracción del PIB en un 0.3% y el bajo impacto de la congelación de peajes suscitan inquietudes. Asimismo, el incremento en los precios de la gasolina y el diésel ha generado controversia, considerándose una acción necesaria para expertos como José Manuel Restrepo, exministro de hacienda, aunque impopular entre la ciudadanía.

Además de todo lo anterior el presidente Petro también afronta desafíos que van más allá de lo económico, incluyendo el escándalo en el proceso de licitación de pasaportes, enfrentamientos con el fiscal Francisco Barbosa, y obstáculos para la elección de su sucesor. Al mismo tiempo, se le critica por su postura respecto al conflicto en Gaza, por enfrentamientos con las altas cortes y por la falta de coordinación dentro de su equipo de gobierno. Estas situaciones complejizan el panorama político y social en el que se desenvuelve la discusión sobre el salario mínimo.

A pesar de estos retos, desde la Casa de Nariño se anticipa la llegada de “mejores noticias” en el corto plazo. Según fuentes internas, el presidente ha ordenado que se lleve a cabo la implementación completa de su programa gubernamental para el año 2024, lo cual podría indicar un enfoque en soluciones a largo plazo para los diferentes puntos de tensión actuales.

Las próximas semanas serán cruciales para observar cómo se desenvuelve la situación alrededor del tema del salario mínimo y cómo el Gobierno de Colombia navega la complejidad de los otros frentes abiertos que podría influir en la economía y la estabilidad política del país.