Trabajadores endurecen su posición en negociación del salario mínimo: presidente de la CUT dice que los gobiernos les “han quedado debiendo”

En medio de un proceso de negociación crucial, la mesa tripartita de concertación de política salarial en Colombia está trabajando, al parecer, con bastantes desacuerdos para alcanzar un consenso sobre el aumento del salario mínimo para 2024. La reunión más reciente, llevada a cabo el 4 de diciembre, destacó la importancia de factores como la productividad y la inflación en la determinación de la cifra final.

Uno de los aspectos centrales en la discusión es la productividad, que ha sido objeto de debates intensos. La productividad total, que abarca varios factores, presentó una cifra negativa del -1 % para el 2023. Sin embargo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sugirió que se considere solo la productividad del trabajador, calculada en un modesto 0,76 % para este año.

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Antes la petición del Dane, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se sumó a la petición, argumentando que siempre ha abogado consistentemente para que se tenga en cuenta la productividad laboral en las negociaciones que, finalmente, son los que reciben el salario. Según señaló Fabio Arias, presidente de la CUT, la diferencia entre la productividad total y la laboral durante casi dos décadas representa una deuda pendiente de los gobiernos proempresariales.

“Tenemos una diferencia de 20 puntos entre la productividad total y la productividad laboral. Los gobiernos proempresariales nos han quedado debiendo”, indicó el representante de los trabajadores.

De hecho, el presidente de la CUT, en una reciente columna de opinión publicada en Las2Orillas, destacó la importancia de acordar con los empresarios el incremento y no permitir que se imponga por decreto. Además, se refirió a los argumentos que estarían usando los empresarios para no avalar las peticiones de los trabajadores.

“Han concertado como sucedió el año pasado, cuando se llegó al acuerdo de un buen incremento del salario mínimo en un 16 %, 2,88 % más que la inflación causada en el 2022 y que muy a pesar de que muchos salieran a decir, que eso dispararía de nuevo la inflación y reduciría el empleo, hoy se sabe que no pasó ni lo uno ni lo otro, lo cual desmiente parte de los postulados ortodoxos neoliberales”, se lee en el artículo.

Es por esa razón que desde los sindicatos se habla de un incremento tentativo del 18% para el 2024, a pesar de que las cartas finales y las peticiones de las partes serán reveladas el 12 de diciembre de 2023. Sin embargo, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se ha mostrado optimista respecto a alcanzar un acuerdo que beneficie tanto a trabajadores como a empleadores.

Según comentó a su salida del encuentro, históricamente los trabajadores colombianos han perdido poder adquisitivo, y en el 2022 se tomaron medidas para proteger el valor adquisitivo del salario mediante ajustes en las Unidades de Valor Tributario (UVT).

Pero los ideales de sindicatos y Ministerio no corresponderían a las peticiones realizadas desde un panorama financiero. En ese sentido, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) propone que la tasa de inflación proyectada del 9,6 % sea la base para la discusión del ajuste salarial.

Según indicaron, si se incrementa demasiado el salario habría posibles efectos nocivos, como el aumento de la informalidad laboral y los costos para las empresas, que finalmente se vería reflejado en el precio de los productos finales que adquieren los colombianos.

De momento, las proyecciones para el incremento del salario mínimo varían, y aunque se habla de cifras como el 11 % o incluso el 18 %, las partes aún no han llegado a un acuerdo definitivo. Asimismo, se tiene tienen previstos nuevos encuentros con la subcomisión de empleo y empleabilidad programada para el 7 de diciembre y la presentación de ofertas el 12, para llegar a la parte final del proceso de negociación que tiene como primer plazo el 15 de diciembre, según lo establecido en la ley 278 de 1996.

El salario mínimo en Colombia, que actualmente es de $1,160.000, está en el centro de una discusión crucial que no solo impactará a los 2,6 millones de trabajadores afectados directamente, sino que tendrá repercusiones en diversos aspectos económicos, incluida la inflación y el poder adquisitivo de los ciudadanos.