El 30 de noviembre, la Corte Constitucional dio un freno a la excarcelación de cuatro voceros de paz nombrados por el gobierno de Gustavo Petro. El primero de diciembre, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que procederá a solicitar nuevamente órdenes de captura contra estas personas que fueron excarceladas tras ser relacionadas con hechos delictivos durante el paro nacional de 2021.
La Ley 2272 de Paz Total, que avaló la negociación del Gobierno con diversos grupos armados, fue condicionada por el alto tribunal al declarar inconstitucional la liberación de individuos sin estatus político.
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El artículo 5 de la ley de Paz Total, aprobada en diciembre de 2022, permitió la designación presidencial de voceros para aportar en procesos de paz y conflictividad social, incluso si estos se encontraban privados de libertad. En ese contexto, el Gobierno Petro nombró a varios de ellos, incluyendo a integrantes de la Primera Línea de las manifestaciones de 2021.
De las 17 personas seleccionadas por la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, Reconciliación y Participación Ciudadana para ejercer como voceros de paz, solo cuatro lograron obtener la liberación por decisión judicial. Entre ellos se encontraban Briam Andrés Cabrales Jaramillo, David Esteban López Barrera, Adriana Esperanza Bermeo Sua y Santiago Márquez Charris, estos últimos fueron los primeros en abandonar la prisión.
Santiago Márquez Charris, de 19 años y estudiante universitario, fue acusado de numerosos cargos relacionados con su participación en las protestas, incluyendo el concierto para delinquir y la perturbación del medio ambiente. Su detención tuvo lugar en una cárcel de máxima seguridad, resaltando la gravedad de las acusaciones.
El fiscal Barbosa hizo una distinción clara entre los miembros del Eln y las disidencias de las Farc, cuyas órdenes de captura se suspendieron amparadas en su naturaleza política y rol de gestores de paz, y la situación de los voceros de paz, quienes no pertenecen a grupos armados y necesitarían, por tanto, una ley de sometimiento, que, aunque anunciada por el Ejecutivo, aún debe ser discutida en el Congreso.
También advirtió que la Fiscalía no está dispuesta a interpretar la excarcelación de los voceros de paz de la misma manera que a los miembros de grupos armados con reconocimiento político.
Petro condenó la criminalización de la protesta y posible recaptura de voceros de paz
El presidente Gustavo Petro se pronunció en contra de la posibilidad de que integrantes de los colectivos de la Primera Línea vuelvan a prisión tras una reciente decisión de la Corte Constitucional.
En X (antes Twitter), señaló que estos jóvenes no son los victimarios, sino víctimas de un Estado, que los ha marginado y reprimido tanto física como socialmente, y recalcó que nunca debieron ser encarcelados por ejercer su derecho legítimo a la protesta y que su criminalización es incompatible con los principios de un Estado Social de Derecho.
Aunque agradeció a la Corte su respaldo general a la política de paz de su Gobierno, cuestionó la decisión del tribunal de declarar inaplicable la Ley de Paz Total a los jóvenes implicados, argumentando que nunca estuvieron en guerra.
Finalmente, criticó a aquellos sectores de la sociedad que ven con buenos ojos la encarcelación de la juventud activista, vinculándolo con un pasado en donde la seguridad se basaba en la represión y la violencia estatal. Lo contrastó con el caso de los falsos positivos.
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