Tres grupos criminales tienen en alto riesgo a comunidades del Valle del Cauca

La Defensoría del Pueblo alertó por tres grupos delincuenciales que tienen en alto riesgo a las comunidades de Bolívar y Trujillo, en el departamento del Valle del Cauca.

La entidad defensora de los derechos humanos emitió la Alerta Temprana de Inminencia 038, mediante la cual adviertió que los grupos delincuenciales que hacen presencia en la región, llevan acabo actos criminales que vulneran la integridad de sus habitantes.

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Se trata de Los Guatines, Nueva Corporación y otro grupo delincuencial, en proceso de identificación por las autoridades, quesegún la Defensoría extorsionan, amenazan, reclutan a niñas, niños y adolescentes, controlan el tráfico de estupefacientes y cometen homicidios.

“Evidenciamos que tres grupos del crimen organizado están afectando la tranquilidad, la vida e integridad de quienes habitan en Trujillo y Bolívar. Estas organizaciones ilegales están extorsionando, realizan amenazas de muerte, restricciones a la movilidad, reclutan forzosamente a niñas, niños y adolescentes, cometen homicidios y controlan el tráfico de estupefacientes”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

De acuerdo con la Defensoría, las acciones delictivas en el Valle del Cauca se han incrementado en los últimos dos meses (entre octubre y noviembre de 2023), lo cual ha impactado los derechos de los habitantes, particularmente de campesinos y finqueros.

Además, existe un sentimiento de zozobra y miedo, ya que es inminente un aumento de hechos delictivos por parte de alguno de los tres grupos.

“En la alerta solicitamos la implementación de medidas necesarias para proteger los derechos de lideresas y líderes comunitarios o comunales, quienes han sido víctimas de hostigamientos y amenazas. Los grupos delincuenciales están identificando los liderazgos para obligarlos a convocar a sus comunidades y, de esta manera, dar a conocer sus pretensiones”, señaló Camargo Assis.

La alerta emitida por la Defensoría del Pueblo determinó que se pueden desencadenar enfrentamientos entre los mismos grupos criminales, lo cual afectaría directamente a la población. Por eso, el documento de la entidad solicitó una intervención con enfoque de derechos humanos específicamente para los municipios de Trujillo y Bolívar.

Para que dicha intervención pueda adelantarse de manera efectiva, la entidad entregó 16 recomendaciones al Ministerio del Interior, que tiene a cargo la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat).

La Defensoría espera que la cartera impulse las acciones pertinentes con miras a garantizar los derechos de los habitantes de las dos poblaciones vallecaucanas.

Las recomendaciones fueron dadas a conocer el jueves 30 de noviembre de 2023, realizada una sesión de la Ciprat en el municipio de Trujillo, espacio en el que la Defensoría del Pueblo también socializó la alerta temprana emitida.

Cabe recordar que en septiembre de 2023, la Defensoría emitió otra alerta ante el grave riesgo en el que se encuentran cuatro municipios en Cauca y Valle del Cauca.

Se trata de los municipios de Miranda y Corinto, en Cauca; y Pradera y Florida, en Valle del Cauca; donde según la alerta de la Defensoría, las acciones que han puesto en riesgo a la población civil, principalmente por los combates del ELN y la Segunda Marquetalia contra el frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central de las Farc.

Los enfrentamientos en las regiones se deben a que, por años, los tres grupos armados ilegales se han disputado el control territorial.

“A los enfrentamientos y hostigamientos se suma que estos grupos armados adelantan acciones directas contra las comunidades, lo cual se refleja en el ataque indiscriminado contra civiles, atentados, homicidios selectivos y masacres”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El riesgo del recrudecimiento de la violencia recae contra líderes y defensoras de derechos humanos, comunidades y autoridades indígenas y campesinos, presidentes de Juntas de Acción Comunal, menores de edad y jóvenes, firmantes del Acuerdo de Paz en reincorporación, población estigmatizada socialmente y servidores públicos, advirtió la Defensoría.