Luego de que la Corte Constitucional respaldara la Ley de Sometimiento o de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro, pero con algunos reparos, como la orden de no darle el estatus de ‘vocero de paz’ a los privados de la libertad, el fiscal general de la nación Francisco Barbosa dijo que volverá a emitir las órdenes de captura de los que salieron de la cárcel bajo esa figura.
Durante su alocución en el III Encuentro de la Jurisdicción Disciplinaria, el fiscal sostuvo que el fallo de la alta Corte avaló lo que él había expuesto en un momento sobre el levantamiento de órdenes de captura contra peligrosos delincuentes denominados como voceros de paz.
“Es una decisión que me parece muy importante, porque respaldó y le dio un espaldarazo profundo a la Fiscalía General de la Nación de Colombia en la defensa por la institucionalidad judicial de este país (...) Seguramente los fiscales, en el marco de su autonomía e independencia en los próximos días solicitarán las órdenes de captura a quienes se designaron voceros de paz, se encontraban en libertad y se les otorgaron esas libertades”, sostuvo Barbosa.
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De acuerdo con el fiscal, el 11 de enero de este año se había negado a levantar unas órdenes de captura de narcotraficantes con fines de extradición en Colombia que no pertenecían a organizaciones con carácter político, pero que se querían acoger a la paz total y que en ese momento solo se habían levantado las órdenes judiciales contra integrantes del ELN y disidencias de las Farc.
“Le señalé al Presidente de la República en su momento que debía establecerse una ley de sometimiento y que no deberían utilizar ese mecanismo para levantar o buscar el levantamiento de órdenes de captura. Hoy la Corte Constitucional nos avala esa posición diciendo que la ley de sometimiento es necesaria y tiene que ir al Congreso de la República. Hace unos minutos el Ministro de Justicia señaló que iban a presentar la Ley de Sometimiento”, agregó Barbosa.
El director del ente acusador hizo énfasis en que la sentencia de la Corte Constitucional estableció que no era posible “de un plumazo presidencial” sacar delincuentes de la primera línea de la cárcel. “Incluso hubo críticas al Fiscal General en aquel momento. Todas estas personas eran procesadas por delitos que no eran políticos, eran delitos comunes”, agregó.
Por otra parte, el Fiscal general aclaró que había que diferencias las figuras de voceros de paz y gestores de paz, que tienen objetivos y funciones diferentes dentro del proceso de Paz Total del Gobierno nacional.
“Hay que distinguir la palabra (voceros) con gestores de paz, que es otra figura jurídica que está amparada por la ley 975, de personas que hacen parte de organizaciones al margen de la ley que pueden además tener esa figura, pero aquellas que no hacen parte de organizaciones al margen de la ley. La Corte Constitucional colombiana nos ha dicho también que es inconstitucional en lo atinente a personas privadas de la libertad que la obtuvieron de esa manera”, señaló Barbosa.
Finalmente, el fiscal general de la nación Francisco Barbosa sostuvo que los caprichos del presidente y la vicepresidenta representaron casi año y medio de desgaste por no hacer las cosas bien, conforme al derecho y aseveró que la Rama Judicial del poder público está sosteniendo la institucionalidad colombiana.
“La Rama Judicial del poder público se convirtió en un eje central de la protección de la institucionalidad y de los derechos fundamentales de los colombianos. La Rama Judicial del poder público se convirtió en el freno a los ejecutivos excesivos que se dieron incluso antes de la Constitución del 91 y que han tenido además una mala praxis por parte de algunos que han seguido esas maneras de concebir el ejercicio autoritario del poder”, concluyó Francisco Barbosa.
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