La Fiscalía imputó nuevos cargos al exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade por escándalo de Odebrecht

Luis Fernando Andrade Moreno enfrenta una nueva imputación por parte de un fiscal del grupo de tareas especiales para el caso Odebrecht.

Al exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se le ha imputado el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Andrade, que ya está en juicio por otro proceso relacionado con el caso Odebrecht, se ve ahora implicado en un total de tres procedimientos judiciales.

Los casos previos se relacionan con presuntas irregularidades en la contratación llevadas a cabo con Odebrecht, e involucran contratos en la construcción del puente Plato sobre el río Magdalena. Esta tercera imputación se suma a los desafíos legales que el implicado deberá enfrentar, demostrando la continuidad de las investigaciones en torno a las actividades de la firma brasileña en el país.

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El caso Odebrecht ha estado en el centro de amplias investigaciones sobre corrupción y prácticas ilícitas en la adjudicación de contratos públicos, lo que ha llevado a una serie de juicios e imputaciones a nivel nacional e internacional. Los procedimientos legales actuales contra Andrade son un reflejo de los esfuerzos continuos por erradicar la corrupción y sancionar aquellos actos de interés indebido que minan la integridad de las instituciones públicas y el desarrollo económico en Colombia.

Es relevante observar que este caso se inscribe en un contexto más amplio de acciones judiciales que buscan hacer frente a la corrupción y garantizar la transparencia en los procesos de contratación nacional. A medida que avanzan los juicios y las investigaciones, la sociedad colombiana aguarda con expectativa resultados que fortalezcan el estado de derecho y la confianza en los entes gubernamentales.

Para el ente investigador hay pruebas sobre la posible actuación irregular del exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade Moreno, en la celebración de ocho otrosíes, que según Función Pública son documentos anexos al contrato inicial que modifican, agregan o eliminan las condiciones laborales pactadas por las partes. De acuerdo con la Fiscalía se le hicieron al contrato de concesión 001 de 2010, que contempló la construcción de la denominada Ruta del Sol II.

En el curso de la investigación se acreditó que el exdirector de la ANI, en ejercicio de su cargo, aprobó y firmó los otrosíes 1, 2, 4, 5, 8, 7, 9 y 10, los cuales modificaron y ajustaron las condiciones financieras y técnicas del proyecto vial, pero no existían los estudios serios y completos, lo cual benefició injustificadamente al consorcio contratista, mismo del que hacía parte la constructora brasileña Odebrecht.

Por lo anterior se mantiene la hipótesis de que fueron vulnerados principios esenciales de la contratación pública como responsabilidad, transparencia, economía, imparcialidad, legalidad y planeación.

Para la Fiscalía, las pruebas evidencian que los otrosíes cuestionados permitieron “disminuir el grosor de la huella asfáltica en un trayecto, lo que causó un bajón en la calidad técnica del proyecto. Alterar las fechas de inicio de las obras y otorgar prórrogas en el tiempo para mejorar el flujo de caja del contratista”.

Añade que se omitieron “las sanciones por demoras y pasar por alto el cobro de multas al concesionario por más de 35.800 millones de pesos” y adicionaron “obras no contempladas en el contrato inicial como la construcción del acceso a desnivel a Puerto Boyacá, por un valor superior a los 10.330 millones de pesos”.

Asimismo, comprometieron “recursos y vigencias futuras sin autorización del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) y del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis)” y se modificaron “las formas de pago y los cronogramas de desembolso de dinero para el contratista”.

Además desvincularon un bien público por un valor de “19.976 millones de pesos, cuando debió hacerse por una suma superior a 65.395 millones de pesos”, por todo lo anterior se habría generado un desbalance económico en el contrato en contra de los intereses del Estado y en claro favorecimiento a la concesionaria Ruta del Sol II. Sin embargo, Luis Fernando Andrade no aceptó cargos.