El fiscal Francisco Barbosa retó a Gustavo Petro: “Si el Presidente quiere un enfrentamiento, yo estoy listo a darlo en cualquier momento”

El fiscal Francisco Barbosa arremetió en contra del Gobierno nacional, cuestionó la política de Paz Total y aseguró que el presidente Gustavo Petro ha emitido ataques en contra de la institucionalidad del país, con el fin de influir en las decisiones de los poderes públicos.

Durante un foro organizado por Prisa Media, el jefe del ente acusador aseguró que el jefe de Estado no respeta la autonomía e independencia de la justicia. Según Barbosa es una práctica instaurada y puso como ejemplo el anuncio de no aumentar los salarios de los funcionarios públicos que, en su concepto, fue una respuesta a las decisiones de los magistrados de la Corte Constitucional sobre proyectos del Gobierno.

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“Yo lo que veo es una participación masiva de intervención y violencia contra la Rama Judicial, contra sus funcionarios, contra los mismo funcionarios que nos han acompañado, entonces ahora me van a volver narcotraficante a la vicefiscal cuando ha estado cuatro años conmigo. Me la vuelven narcotraficante para presionar la Corte Suprema de Justicia y yo no tengo derecho a poder decir lo que creo con lo que están haciendo”, señaló Barbosa.

La frase del fiscal fue replicada por el presidente Petro a través de su cuenta de la red social X en la que reiteró los cuestionamientos contra la vicefiscal Martha Mancera por supuestamente, según testimonios de agentes del CTI procesados por concierto para delinquir, encubrir un hallazgo de redes criminales en Buenaventura que relacionaban al director en ese municipio.

“Mis preguntas son: Si existía desde hace meses conversaciones amistosas entre el jefe del CTI de Buenaventura y un narcotraficante, ¿por qué sigue en el cargo? ¿Por qué lo protegieron? ¿Cuánta cocaína se ha exportado usando ese cargo en la fiscalía?”, escribió el presidente Petro.

Barbosa, a la salida del evento, se refirió a lo dicho por el mandatario. Señaló que el caso será investigado en el marco del debido proceso porque se encuentra dentro de la institucionalidad colombiana y no, según sus palabras, en una organización criminal como el M-19.

“Estamos en un estado de derecho. Entonces, si el presidente quiere un enfrentamiento con la institucionalidad colombiana, yo estoy listo a darlo en cualquier momento. Pero aquí no puede él asumir el rol de fiscal general de la Nación volviendo a su vieja tesis de: ‘el jefe del fiscal soy yo’, para atropellar funcionarios judiciales y al fiscal general de la Nación. Aquí nos defendemos y nos vamos a defender”, señaló Barbosa.

Sin embargo, el fiscal planteó que los señalamientos en contra de Mancera, su mano derecha en la institución, son una forma de presión para que se elija a la nueva fiscal de la terna que presentó el presidente.

“Cada cinco meses hay un nuevo acuerdo nacional y eso se rompe a los cuatro días con nuevos trinos y al mismo tiempo en que todo el mundo se sentaba a abrazarse, arremetieron contra la vicefiscal en un complot para presionar la Corte Suprema de Justicia, al mismo tiempo atacan la Corte Constitucional, al mismo tiempo presentan un proyecto de ley para penalizar la libre opinión en Colombia”, señaló el funcionario judicial.

Los dardos de Barbosa también se dirigieron a la política de paz total de la que dijo que “se convirtió en una paz criminal”. Esta es la iniciativa gubernamental que más tiene relación con su cargo, debido a que la suspensión de órdenes de captura para negociadores y voceros debe pasar por su despacho.

“Se pide suspensión de órdenes de captura de narcotraficantes que ni siquiera tienen pertenencia a un organismos político, sino son simplemente mafiosos, buscando además un entrampamiento al fiscal general de la nación para que yo firme y termine respondiendo a los Estados Unidos por obstrucción a la justicia. Nos estamos presentando frente un escenario de una criminalidad que no tiene mayor sentido”, afirmó el jefe de la Fiscalía.

Barbosa sostuvo que los ceses al fuego que se han firmado están “dislocados de la realidad” y terminan impidiendo la labor del ente judicial. Según dijo, no han podido ejecutar más de 700 órdenes de captura contra delincuentes y asesinos de líderes sociales porque no tienen apoyo de la fuerza pública.