
Como una “interrupción al acceso oportuno y eficiente del servicio público y una amenaza a la integridad física y psicológica de las y los usuarios”, fueron calificados en una denuncia los torniquetes anticolados que, con el respaldo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se están instalando en varias de las estaciones del sistema de transporte público masivo la capital.
Así lo anunció la empresa Transmilenio S.A, que publicó en las redes sociales la admisión del auto por parte del Juzgado 33 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, despacho desde el cual se ordenó notificar de manera personal a la alcaldesa Claudia López, así como al defensor del Pueblo, Carlos Camargo. También se solicitó una “amplia difusión” de la denuncia y una acreditación del documento de admisión, expedido por dicho juzgado.
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La denuncia
Por medio de una acción popular, encabezada por el concejal Luis Carlos Leal Angarita como accionante principal, y con el apoyo de trece ciudadanos más, se manifestó una posición contraria al uso de los torniquetes porque representan“la vulneración de los derechos colectivos originados en la presunta imposición de barreras de ingresos a las personas que usan el Sistema Integrado de Transporte Público SITP, al generar una interrupción al acceso oportuno y eficiente del servicio público”.

Para los denunciantes, los derechos colectivos vulnerados a los ciudadanos y usuarios por la colocación de dichas barreras de acceso, cuyo fin principal es la disminución de la evasión del pago del pasaje, corresponderían al “acceso a los servicios públicos y que su prestación sea eficiente y oportuna, y al goce, utilización y defensa de los bienes de uso público”, de acuerdo con el documento.
De esa manera, el el juzgado le reconoció la legitimidad de la petición de los accionantes, quienes en calidad de afectados, y como parte de la ciudadanía, manifestaron que la medida para combatir el fenómeno de los colados en el trasporte público atentaba contra el adecuado ingreso al sistema por parte de numerosas personas, “especialmente a aquellos con discapacidad, con movilidad reducida, con cuerpos no hegemónicos, personas de talla baja, mujeres y personas embarazadas, mujeres y personas con niños en brazos, niños y niñas, y personas con paquetes grandes, como bolsas, coches, etc.”.
Usuarios se han quejado
Desde que se empezó con la instalación de los torniquetes, entre junio y finales de agosto del 2023, se conocieron casos de ciudadanos que alzaron su voz para manifestar desacuerdo con la implementación de los nuevos sistemas de acceso, porque reduce el espacio para el paso del usuario.
“Pasé mi tarjeta de transmi y empecé con un primer intento de pasar esta registradora, en este punto tengo casi 20 semanas (5 meses) y no pude pasar, me quité mi maleta pensando en que barriga + maleta no podría pasar de ninguna forma (sic)”, es el relato de una ciudadana en estado de gravidez en su cuenta de X (Twitter).

De la misma manera señaló otra usuaria, quien afirmó que “esas registradoras anticolados no cumplen con su propósito, pero sí están perjudicando un sinfín de personas con características específicas que requieren el uso del servicio”.
Y aunque la evasión de registro de pagos puede haber disminuido en los buses, o el algunas estaciones, en los portales puede persistir el problema. Un ciudadano de la localidad de Usme consultado por Infobae confirmó lo que sucede en el portal de esta localidad en las horas de la madrugada.
“De los sesenta que nos bajamos de la ruta alimentadora para acudir a los articulados, por ahí menos de veinte pagamos el pasaje. Si las personas ya no saltan los torniquetes, se van caminando y rodean el portal para luego saltar al área de entrada a los buses”, indicó.
Aún así, los grupos poblacionales detallados en la denuncia cuentan con serias dificultades para el acceso al sistema, de manera que se está a la espera de las respuesta tanto de la Administración como de Transmilenio de cara a la denuncia.
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