Gremio de las EPS insiste en que hay colapso en el sistema de salud colombiano por falta de recursos

La crisis en el sistema de salud de Colombia fue evidenciada a través de un documento técnico de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que señala factores clave, como el envejecimiento de la población, el incremento en las enfermedades crónicas y el avance en innovación tecnológica.

En el análisis proporcionado, Acemi destaca que la pandemia de covid-19 ha generando una carga sin precedentes sobre el sistema debido a la interrupción y acumulación de servicios de salud no prestados, así como las secuelas que dejó en algunos pacientes. El reporte menciona que la pandemia “alteró la dinámica del gasto de forma inédita”.

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Adicionalmente, el documento enfatiza cómo estos componentes han conformado una presión adicional sobre la infraestructura sanitaria del país, sugiriendo que la conjunción de estos factores representa un desafío importante para las políticas de salud en el futuro.

Para hacer frente a estos retos y buscar soluciones, se espera que las entidades de salud, junto con el gobierno, tomen en cuenta estas consideraciones y trabajen en la elaboración de estrategias que permitan abordar eficientemente la sostenibilidad del sistema de salud colombiano.

Además, Acemi alertó sobre la insuficiencia de los recursos para el sector salud en Colombia y por ese motivo recomienda la adopción de modelos más eficientes en contratación y un mayor control del gasto.

Según la investigación llevada a cabo por esta asociación, la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la cual es esencial en la cobertura de servicios de salud, ha mostrado un déficit significativo, lo que ha dificultado que se preste la atención adecuada para ciertos grupos poblacionales, lo que refleja diferencias importantes frente a las proyecciones que tiene el Ministerio de Salud.

También se resalta en el análisis que el Plan Básico de Salud (PBS) de Colombia debe hacer frente a retos adicionales como el cuidado de migrantes, la inflación y la devaluación del peso.

Los estudios indican que la UPC, en situaciones de accidentes de tránsito, ha sido insuficiente para cubrir las necesidades de poblaciones como niños y adolescentes entre 5 a 14 años, jóvenes y mayores de 50 años.

Así mismo, se evidenció que en 2022 la prima pura observada superó en $220.000 pesos (por persona) la proyectada por el Ministerio de Salud, lo que implica un considerable déficit al año. En este contexto, la incertidumbre por la reforma a la salud ha aumentado la demanda de servicios de salud en casi un 20%.

De cara a los próximos años, Acemi propone que para 2024 la prima de riesgo UPC debería ajustarse a la tasa de inflación más un 10%, contemplando que no habrá nuevas inclusiones en el plan de beneficios. Esta asociación subraya, asimismo, que las estimaciones actuales de la UPC se basan en datos con dos años de retraso, usando cifras del entorno de la pandemia en 2021, lo cual no refleja precisamente las condiciones sanitarias actuales y crea discrepancias en la modelación financiera.

Desde esta asociación se insiste en la necesidad de una modelación que se adapte tanto a tiempos ordinarios como a escenarios extraordinarios como los de una pandemia para garantizar la sostenibilidad del sistema.

El estudio también reveló desviaciones sustanciales entre los supuestos de la metodología de cálculo utilizada por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y los datos reales, particularmente en variables económicas clave como la inflación y los ingresos por cuenta de alto costo.

Estas desviaciones han generado un desfase acumulado del 18,3% en la inflación durante el periodo analizado, lo que ha impactado directamente en la sostenibilidad financiera de las EPS en el régimen contributivo de Colombia.

En el caso de las EPS, se ha detectado un sesgo hacia la sobreestimación de ingresos, mientras que para los costos ha sucedido lo opuesto, resultando en una asignación inferior a la requerida para una operación eficiente. Este desbalance ha conllevado a insuficiencias en la cobertura de gastos administrativos, los cuales en la práctica resultaron ser del 4,6% en comparación con el 10% estipulado por ley, señalando una profunda brecha entre lo presupuestado y lo invertido realmente en la gestión administrativa de las EPS.

Además, se calcula que el ingreso no percibido por las EPS del régimen contributivo ha alcanzado la alarmante cifra de 15,8 billones de pesos, cifra que correspondería a los recursos faltantes si los supuestos de cálculo hubieran concordado con la realidad. Este faltante en ingresos refleja la necesidad de implementar mecanismos de ajuste ex post para mitigar las distorsiones y asegurar la viabilidad financiera de las EPS.

La divergencia en la estimación de costos e ingresos ha alertado sobre la importancia de mejorar los métodos de proyección financiera, así como de establecer sistemas de revisión que permitan ajustes en tiempo real.

Los hallazgos subrayan la necesidad de que las políticas y la regulación se ajusten a la dinámica real del sector de la salud, resultando crucial para mantener un sistema de salud estable que garantice el bienestar de los contribuyentes y la calidad del servicio.