El 18 de noviembre, en la sede principal de la Fiscalía General en Medellín, fue detenido el fiscal Nicolás Antonio Sánchez Rodríguez. Se le imputan cargos por presuntamente haber solicitado dinero a diversos implicados en procesos judiciales con el fin de acelerar o favorecer arbitrariamente sus intereses.
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Tres días después, el martes 21 de noviembre, fue enviado a prisión al ser encontrado como aparente responsable de cometer los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión y concusión, en concurso homogéneo y sucesivo.
Yiri Milena Amado, directora seccional de Medellín, estableció de quien se desempeñaba como fiscal local de la Unidad de Intervención Temprana de la Seccional de la capital antioqueña:
En uno de los casos el fiscal Nicolás Sánchez habría recibido tres millones de pesos entre mayo y junio del 2023 por parte de un anciano de 70 años. Las investigaciones realizadas por la policía judicial apuntan a que el servidor público habría obtenido el dinero en diferentes pagos, siendo la primera cuota de un millón de pesos colombianos.
El cierre de la investigación por parte de Sánchez se produjo justo el mismo día en que se efectuó la primera transacción monetaria del supuesto soborno, lo que levantó sospechas sobre la legalidad de su conducta.
Las dos negativas a las pretensiones del fiscal Sánchez
De acuerdo con la investigación se pudo establecer que en septiembre de este año Sánchez Rodríguez contactó a una víctima ofreciéndole agilizar su proceso investigativo a cambio de uno a dos salarios mínimos legales mensuales. En esta situación la víctima, no accedió a pagar además de denunciar el incidente ante la misma Fiscalía General.
En la segunda situación durante octubre, el fiscal Sánchez habría abordado a dos hermanos con la misma propuesta, esta vez solicitando tres salarios mínimos para incrementar la velocidad de un proceso en el cual habían sido estafados. Las presuntas víctimas de esta extorsión también decidieron no realizar el pago.
Desde el ente acusador se resaltó que la investigación indaga en los movimientos financieros del 2023 “por cuantía de 180 millones de pesos en la cuenta bancaria” del fiscal condenado.
En el marco legal de Colombia, se destacan dos conductas delictivas que atentan contra la administración pública: prevaricato por acción y prevaricato por omisión, definidas en el Código Penal del país. El prevaricato por acción ocurre cuando un funcionario emite una resolución que contradice abiertamente lo establecido por la ley.
Por su parte, el prevaricato por omisión se configura cuando el servidor deliberadamente no ejecuta, pospone o se niega a cumplir con una obligación de su competencia. Además, la concusión es otro delito categorizado que implica el aprovechamiento indebido del cargo público para solicitar o aceptar beneficios indebidos a cambio de realizar o abstenerse de acciones propias de la función pública.
El concurso homogéneo y sucesivo se produce bajo la premisa de que el funcionario, en el ejercicio de sus funciones, realiza varios actos delictivos del mismo tipo. Este modo de proceder compromete seriamente la integridad y la eficacia de la administración pública.
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