Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle, fue condenado por corrupción luego de 13 años de investigación

La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo condenatorio en la audiencia del lunes 20 de noviembre contra el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, por delitos de contratación sin el cumplimiento de requisitos legales y, peculado por apropiación agravado por la cuantía.

Aunque aún no se ha revelado la pena de prisión que deberá cumplir, se determinó que el exfuncionario podrá permanecer en libertad hasta que se conozca este detalle.

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Durante la audiencia, el magistrado ponente, Ariel Augusto Torres Rojas, dio a conocer que, en principio, no se procede a favor de Abadía el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena; sin embargo, se tuvo en cuenta que el exmandatario asistió voluntariamente a la cita de formulación de imputación y no se solicitó una medida de aseguramiento en su contra.

Además, durante la etapa de juzgamiento, Abadía participó en el juicio oral, demostrando su disposición para acatar las determinaciones judiciales.

De esta manera, la Corte declaró a Abadía culpable debido a las irregularidades presentes en un convenio de cooperación suscrito en enero de 2010. Este acuerdo tenía como objetivo la adquisición y distribución de textos escolares en 40 bibliotecas de diez municipios del departamento, pero no fue así.

Cabe destacar que, por los mismos hechos, en 2016, el exsecretario de Educación Éiber Gustavo Navarro, junto con José Antonio Rodríguez, Luz Piedad Hurtado y Luz Delly Martínez, de la Fundación Calimío, que participaron en la firma del mismo convenio, fueron condenados. Posteriormente, en 2017, un fiscal designado ante la Corte imputó a Juan Carlos Abadía cargos relacionados con contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación, este último por un monto de $817.482.400.

13 años de investigación por parte de la Fiscalía

Un acuerdo, valorado en 1.076 millones de pesos, que fue formalizado con la Fundación Calimío, la cual, según la Fiscalía, carecía de la experiencia necesaria para llevar a cabo la ejecución de los textos escolares. Este hecho quedó evidenciado al pasar el mismo acuerdo por otras dos fundaciones.

Al término del proceso, los investigadores descubrieron que la entidad encargada de dotar las bibliotecas solo invirtió 182 millones de pesos. En otras palabras, se presume un detrimento de 890 millones de pesos.

Según el expediente citado por El Tiempo, la Fiscalía sostiene que Abadía se apropió de 817 millones de pesos en favor de terceros al subcontratar la adquisición de los libros por una suma de mil millones de pesos.

La investigación revela que la sociedad contratista subcontrató con Ediciones Alfa y Omega para la compra de los libros, que, a su vez, los adquirió de la editorial La Clave del Saber por 658 millones de pesos, obtenidos de otras empresas por 182 millones de pesos.

Estos movimientos financieros irregulares llevaron a la Fiscalía a acusar a Abadía de vulnerar el principio objetivo en la selección de la Fundación Calimío para el contrato, ya que esta no tenía experiencia ni actividad social relacionada con el objeto del convenio.

El contrato en cuestión tenía como objetivo “facilitar la educación de los jóvenes e incentivar la lectura” en varios municipios del Valle del Cauca; sin embargo, la Fiscalía argumenta que Abadía intentó darle apariencia de interés público al contrato, cuando debía adjudicarse mediante licitación pública debido a su cuantía, según la Ley 80 de 1993.

La Contraloría del Valle del Cauca, en una auditoría previa, había alertado sobre posibles irregularidades en el contrato, certificando que aunque los libros llegaron a las instituciones educativas, algunos no los habían solicitado y que, en su mayoría, permanecían archivados sin un uso adecuado. Además, señaló que en instituciones con enfoque agropecuario, los libros no eran consultados debido a la enseñanza técnica.

La Fiscalía advierte que Abadía, a pesar de conocer la existencia de estas conductas fraudulentas, participó activamente en el proceso ilícito junto con otros funcionarios.